abril 24, 2012

Walmart

Macario Schettino (@macariomx)
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

De acuerdo con el NYT, para alcanzar las metas de expansión de Walmart en México, directivos sobornaron autoridades locales, en una historia más de corrupción

El domingo se publicó un extenso reportaje en The New York Times, firmado por David Barstow con apoyo de Alejandra Xanic y James C. McKinley Jr desde la ciudad de México, que desvela prácticas de corrupción de Walmart en México, pero que se concentra en los esfuerzos internos de la compañía por administrar el problema, más que en las propias prácticas de corrupción en México.

De acuerdo con el periódico estadounidense, para alcanzar las metas de expansión de Walmart en nuestro país y convertir esta subsidiaria en una de las más importantes de la cadena (si no es que la más), los directivos sobornaron autoridades locales para poder abrir sus tiendas rápidamente. Para enmascarar esa corrupción, se alteró la contabilidad. Sin embargo, el reportaje deja ver que estas prácticas eran conocidas no sólo por los más altos directivos en México, sino también en la casa matriz. Más importante aún, cuando el caso se conoce debido a denuncias de un ejecutivo, más que investigar, se procede a esconder el tema, se administra por unos años, y luego se olvida.

La publicación del reportaje ya tuvo impacto interno, puesto que el viernes renunció a Walmart uno de los implicados. Y el efecto en el mercado se empezó a ver ayer mismo, con una caída de 5% en la bolsa de Nueva York. Los mercados castigan la corrupción en los países en los que la ley es importante, es decir, en las democracias. Por eso la importancia de consolidar un estado de Derecho pleno si se quiere vivir en democracia.

Aunque el caso ocurre en México, el reportaje del NYT no hace mayor énfasis en ello. Se trata de prácticas de corrupción de una empresa de EU en el exterior, y para el caso no hay gran diferencia si eso ocurrió en México o en cualquier otro país. Para nosotros, sin embargo, sí debería ser un tema de discusión, y no nada más de autoflagelación, como acostumbramos.

Para nadie debería ser sorpresa que se desvelen en México casos de corrupción. Tampoco que esto ocurra en investigaciones desde otros países. Así se ha castigado, en sus países de origen, a empresas europeas y estadounidenses en varias ocasiones. Y casi siempre, una vez descubierto el asunto fuera de nuestras fronteras, le damos acá cierta atención, y ocasionalmente hay alguien que acaba en la cárcel. No es muy frecuente, por cierto.

Pero lo más grave, en mi forma de ver, es que no aprovechamos ninguna de esas oportunidades para discutir seriamente el origen de la corrupción en México, y por lo tanto su posible reducción. Nada más nos humillamos entre nosotros, insultamos al gobierno en turno, y esperamos el siguiente caso.

Lo que Walmart hizo en México, según se entiende del reportaje, es sobornar autoridades locales para poder abrir sus tiendas más rápido y, me imagino, en mejores lugares. Esto ocurre, sin duda, porque hay personas corruptas, pero eso no es nada nuevo, los seres humanos somos así. Lo importante es que, si Walmart no hubiese sobornado, no habría podido abrir sus tiendas, o habría tenido que hacerlo en lugares menos favorecedores en mucho más tiempo. En español: la regulación de los usos de suelo en México está hecha para que los funcionarios puedan corromperse. Porque al mismo tiempo que Walmart (e infinidad de empresas) tienen que corromper para instalarse, al mismo tiempo tenemos un desarrollo urbano totalmente caótico. Nadie cumple la ley, que sólo es utilizada, repito, para que los funcionarios puedan vender los espacios. Ocasionalmente, me imagino, podrá usted encontrar un funcionario exageradamente honrado, que no acepta esto. No durará mucho en su puesto, le puedo garantizar.

Vuelvo a insistir en que éste es uno de los dos problemas fundamentales de México: no queremos cumplir la ley, que por cierto es incumplible, porque no se hizo para eso. Las leyes en México nunca se cumplieron. Durante toda nuestra historia, el presidente (o el hombre fuerte, cuando correspondía) estaba por encima de la ley. Decidía lo que tenía que hacerse, y para ello se modificaba, torcía o ignoraba lo que las leyes dijeran. Desde la Constitución hasta el reglamento de construcción del pueblo más bicicletero de este país.

Es sólo desde 1997 que el presidente de México está restringido por la ley. Y eso ocurre porque hay otros dos poderes que son independientes de él: la Corte y el Congreso. Eso nunca había ocurrido en los doscientos años de historia de México, y por eso los mexicanos no lo entendemos bien. Es más, nosotros estamos hechos a como era México, un territorio libre de leyes, en donde el poder, político-económico, decidía lo que quería, y en donde todos los demás aguantábamos vara. Esto dejó de existir hacia 1997, como le digo. El presidente está limitado por el Congreso, pero también por la Corte, que por ejemplo le ha impedido a los presidentes expropiar a su antojo, como lo hacían antes.

Pero el marco legal que tenemos nunca se pensó para cumplirse, porque la ley no se cumplía, de forma que lo que encuentra usted en nuestra legislación es una suma de grandes visiones del mundo, ocurrencias, y regulaciones pensadas para venderse. Soy claro en esto: como las leyes no se cumplían, se hicieron sólo para poder extraer recursos. Si usted quería un permiso de importación, había que sobornar; si hoy quiere un permiso de construcción, lo mismo.

Cuando una tienda de Walmart, o para el caso, de otras cadenas de autoservicio o tiendas de conveniencia, se instala en un barrio, los precios se reducen cerca de 10% en esa zona. Los consumidores ganan. Pero para que eso ocurra, esas tiendas tienen que repartir dinero. Si no, no se les autoriza el uso de suelo, o la construcción, o se les ponen trabas “ambientales”. Por eso las presidencias municipales son tan peleadas, porque son una mina de oro. Mientras el Presidente de México está acotado por ley, ni los gobernadores ni los alcaldes lo están.

Y cuando está abierto el cajón, el más honrado es ladrón. No somos más corruptos los mexicanos que otros pueblos, sino que tenemos leyes hechas para corrompernos. ¿Quiere usted menos corrupción? Hay que dejar atrás, de una vez por todas, ese nefasto régimen de la Revolución y sus herencias.

Drogas: ¿llegaremos tarde?

Eduardo R. Huchim (@EduardoRHuchim)
omnia08@gmail.com
Reforma

La Sexta Cumbre de las Américas ha puesto el acento en los problemas que un cuestionable prohibicionismo ha causado en torno al consumo y comercio de drogas. Los presidentes de Colombia, Guatemala y Costa Rica, Juan Manuel Santos, Otto Pérez Molina y Laura Chinchilla, respectivamente, han tenido el acierto de plantear en diversos foros la necesidad de revisar las políticas prohibicionistas. En palabras de Santos, es preciso "iniciar una discusión y un análisis sobre este tema, sin prejuicios y sin dogmas".

Un debate de ese tipo incluye, naturalmente, la despenalización o regulación de la producción, transporte y comercio de las drogas, comenzando por la mariguana. La regulación implicaría una reorientación del gasto gubernamental en este rubro, para privilegiar la prevención y la rehabilitación, pues nadie pretende promover el consumo y la adicción.

El tema es polémico y puede analizarse desde ángulos diversos, pero hay un hecho incontrovertible: los daños que causan las drogas no son comparables a los que originan los fallidos intentos por evitar violentamente su producción y comercialización. Ni en el principal consumidor, Estados Unidos, ni en ningún otro país, el consumo de drogas ha producido más de 50 mil muertos en menos de seis años, como sí ha ocurrido en México por la violencia derivada de la "guerra" antidrogas. La sangre, el luto y el dolor ahí están, lo mismo que las viudas y los huérfanos, independientemente de que los muertos sean sicarios, militares o policías.

La desestabilización sociopolítica de regiones enteras, con frecuentes violaciones a los derechos humanos, es inocultable. También lo es el control que de amplios territorios nacionales posee la delincuencia organizada, con estructuras que replican las áreas fiscales y de seguridad del gobierno. Y casi nadie duda de la presencia de su dinero en ámbitos como el inmobiliario, el bursátil y el financiero. Hay que creerle a Edgardo Buscaglia cuando dice que la mayor parte de los rubros económicos formales de México tienen, en algún grado, inversiones del narco y que éste controla a miles de municipios mexicanos con la metálica y terrible disyuntiva de la plata o el plomo.

En un entorno como éste, resulta irracional una lucha como la que actualmente libra el gobierno de Felipe Calderón. Cito un dato que acredita la irracionalidad: estudios médicos muy serios, como lo afirmaron recientemente los expresidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria, prueban que la mariguana es menos nociva que el tabaco, pero a nadie se le ocurriría penalizar este último producto.

Los opositores a la regulación suelen argumentar que el problema delincuencial no se limita en México al narcotráfico. Esto es cierto, la delincuencia se ha diversificado y hoy incluye una veintena de delitos, pero la actual política gubernamental también ha fracasado ahí. Estas cifras lo acreditan: en este sexenio, el gobierno federal ha destinado, en total, 95 mil 991 millones de pesos a cinco fondos diseñados para combatir la delincuencia en estados y municipios, no obstante lo cual y según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo con violencia pasó de 161 mil en 2007 a 243 mil en 2011 (51% más); el secuestro, de 438 a 1,322 (201%), y el homicidio doloso, de 10 mil a 22 mil (116%) (Reforma, 05/02/12).

Ante el fracaso de las políticas antinarco, que no es exclusivo de México, varios países están mirando a la regulación para sustituir a la prohibición. Incluso en el país campeón del prohibicionismo, Estados Unidos, 16 estados y la capital, Washington, permiten el uso terapéutico de la mariguana (Notimex, 26/02/12).

La mirada internacional está cambiando de rumbo, pero la mexicana no, al menos no la gubernamental. ¿También en este asunto llegaremos tarde, aunque esta demora siga costando miles de vidas?

OMNIA

Como era de esperarse, Enrique Peña Nieto decidió no ir al debate convocado por Carmen Aristegui, y como era de esperarse, causó una tormenta en Twitter. Del hashtag PeñaNietoNoDebate proceden estos tweets: Pues no sabremos si @EPN es mentiroso, pero miedoso sí es (varios); No encontraron la manera de meter teleprompter y chícharo en el estudio de @noticiasmvs (@pedrobernatl); no piensa, no razona, no lee, no escucha... en resumen el cerebro sólo le sirve para rellenar el copete (@SarcasmOn1). Y también: Cómo da vueltas la vida, quienes defendieron a AMLO por no ir al debate en 2006 ahora reclaman a EPN (@MauGG).

Legalización de drogas y seguridad pública

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

Ayer fue el rector José Narro y con él son muchas las voces que coinciden en la necesidad de modificar las estrategias de combate a las drogas, y que de una u otra forma plantean la posibilidad de su legalización. Apenas ayer escuchaba al ex presidente Fox en una entrevista con Pedro Ferriz insistir en lo mismo, y dejar la decisión del consumo o no de drogas, de cualquier droga, en cada una de las personas. También ayer mismo, el periódico La Razón, en su primera plana, destacaba el inicio de operaciones de expendedores automáticos de mariguana en Estados Unidos y, obviamente, contrapunteaba esa información con la legalización de la droga en varios estados de la Unión Americana y la postura, en torno a la prohibición, de la administración de Barack Obama.

En un aspecto todos ellos tienen razón: el consumo en general sigue muy alto y Estados Unidos plantea una suerte de doble moral respecto a las drogas. Ante ello, la legalización puede ser una alternativa, pero lo cierto es que esas son verdades a medias, o verdaderas falacias cuando se intenta convertir la legalización de las drogas en una estrategia de Estado, y más aún cuando se considera que simplemente con ello se acabará con el crimen organizado y la violencia, mucho menos con la inseguridad.

No creo que la legalización abierta de las drogas sea una solución a los problemas que se intenta atacar con esa propuesta: legalizar o no ciertas drogas tiene que ser una política de salud pública, debe ser una decisión de los especialistas del sector, con base en las posibilidades existentes y las soluciones a corto y largo plazos de un tema que debe ser tratado en una forma eminentemente científica. Lo mismo debe suceder con las diferentes drogas: la legalización de la mariguana no puede equipararse con la de drogas sintéticas o con la heroína y muchos de sus derivados.

Pero eso no tiene nada o muy poco que ver con el tema de la violencia y la inseguridad, por lo menos no con la forma en que ha evolucionado la misma. Tampoco acabará, no tiene por qué hacerlo, con el crimen organizado, que incursiona en la droga pero también en la piratería, en el contrabando, en el tráfico de gente, en la prostitución, en el robo de carros, en la extorsión o el secuestro. De la misma forma que se suele poner como ejemplo que la década de la Ley Seca en los años 30 no acabó con el alcoholismo, se puede decir que tampoco acabó la legalización con el crimen organizado, que ha crecido, se ha hecho más poderoso y sofisticado.

La legalización o no de las drogas (y no creo que en este momento se pueda hablar de legalizar alguna otra droga más allá de la mariguana) es un tema de salud pública; el combate al crimen organizado es un desafío de seguridad pública y nacional; consumir o no ciertas drogas puede ser parte del libre albedrío de las personas, acabar con el crimen organizado es una responsabilidad del Estado.

Hay aspectos en este tema que se están sacando adelante, pero que no tienen ni la difusión ni el impulso, social y de recursos, que requerirían. Se ha puesto como ejemplo la decisión de la Casa Blanca en su llamada “estrategia de la política del siglo XXI para el Control de Drogas”, de no considerar a los consumidores como delincuentes sino como enfermos y dejar de llenar las cárceles de ese país con consumidores. Y me parece, sin duda, un acierto. Pero no se debe olvidar que la despenalización del consumo de drogas está vigente en México desde hace ya varios años y que nuestras cárceles no están llenas de consumidores, detenidos y castigados por eso, sino de personas relacionadas en distintos grados con grupos delincuenciales, que no sólo venden droga, sino que roban, asaltan, extorsionan, entre muchos otros delitos.

En esa estrategia se está impulsando una serie de medidas médicas que son clave para reducir el consumo: uno de esos aspectos es el de las llamadas vacunas, que trabajan sobre los centros de adicción cerebrales y están ya muy avanzadas. México y Estados Unidos llevan trabajando por lo menos diez años en esas vacunas. Si tuvieran el apoyo político y los recursos necesarios se podría avanzar mucho más rápido aún, pero según los especialistas, antes de un lustro esas drogas estarán listas para su comercialización. Y ese solo hecho podrá cambiar toda la visión sobre el consumo de drogas e incluso el debate sobre la legalización.

Todo eso se hace y se debe hacer aún mucho más, pero nadie debería confundirse: ninguna de esas medidas o propuestas acabará con la violencia, tampoco con la delincuencia organizada, mucho menos con las pandillas que asuelan muchas zonas del país. No confundamos la educación y la salud públicas con la seguridad. Ninguna de ellas puede reemplazar a las otras. Y necesitamos eficacia y visión de futuro por lo menos en esos tres ámbitos para tener, en realidad, una sociedad más sana.

¿A quién sirven abstención y voto nulo?

Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin)
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Oigo decir a mucha gente en muchas partes que no votará o anulará su voto.

Lo escucho en la lógica de ejercer una protesta, para manifestar un rechazo a todos los políticos sin distinción, y, también, para salirse del brete de tener que votar por algún candidato de carne y hueso, cuando ninguno convence.

Por lo que percibo en las redes sociales, tendrá muchos seguidores la idea de abstenerse o votar nulo. La experiencia de 2009 me lleva a pensar que, conforme se acerque la elección, crecerán los partidarios del voto nulo, el cual jugó ya un papel en las elecciones intermedias de aquel año.

Y un papel interesante. Si recuerdo bien llegó a representar casi 10 por ciento del voto en Jalisco y algo más en Puebla.

Conviene recordar que el voto nulo funciona como una señal de protesta genérica, pero equivale a dejar que los demás votantes decidan por uno.

Si esa protesta genérica no adquiere una agenda visible, específica, vinculada a ciertas demandas de reforma y cambios institucionales o legales, termina convirtiéndose solo en un rechazo testimonial.

En el fondo es una forma indirecta de votar por el ganador, al que el abstencionismo y los votos anulados le mejoran automáticamente el valor porcentual de los votos que sí consigue.

Los votos efectivamente conseguidos por el ganador valen más si el total de los votos válidos es menor. Diez votos efectivos de cien, valen 10 por ciento. Los mismos diez votos efectivos de 50, valen 20 por ciento. Los mismos 10 votos efectivos de 20, valen 50%.

En este sentido, el voto nulo tiene el mismo efecto práctico que la abstención, aunque su registro pueda ser un termómetro de la inconformidad ciudadana.

Ni el voto nulo ni la abstención sirven para corregir instituciones o para castigar políticos. Como protesta genérica, el voto nulo tiene un poco más de sentido en una elección intermedia, pero en una presidencial consigue el efecto, probablemente no buscado por el anulista, de dar mayor ventaja proporcional al ganador de la contienda.

Me sorprende la sorpresa con que diversos interlocutores abstencionistas o anulistas escuchan este argumento.

Quien quiera influir en esta elección debe votar, a favor o en contra de algo, por el candidato que le gusta o por el que le disgusta menos o por el que menos abomina.

Esto es lo efectivo, y lo que será contado en las urnas el día de la elección. Lo demás puede ser sintomático, pero es testimonial y, en la práctica, solo ayuda al ganador.