junio 02, 2012

De dónde y adónde

Jaime Sánchez Susarrey (@SanchezSusarrey)
Reforma

Votarán 14 millones de jóvenes por primera vez. Son la generación de Facebook y Twitter... Una pequeña minoría se está movilizando. No sobra recordarles de dónde venimos y hacia dónde vamos

Una de las consignas de los jóvenes #yosoy132 es: "si hay imposición, habrá revolución". Pero qué significa imposición. ¿Fraude electoral? ¿Inequidad en la contienda? ¿O la simple y llana convicción que el triunfo de Peña Nieto será la prueba irrefutable de que la mafia en el poder impuso su candidato al pueblo?

En esta elección votarán 14 millones de jóvenes por primera vez. Son la generación de Facebook y Twitter. Su referencia existencial son los últimos 6 o 12 años. Entre ellos, si asumimos que son 14 millones, hay una pequeña minoría que se está movilizando. No sobra, por lo tanto, recordarles de dónde venimos y hacia dónde vamos.

La transición democrática en México es de larga data. Después de las represiones del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, el presidente López Portillo decidió en 1977 impulsar una reforma política que tuvo un doble mérito: legalizar al Partido Comunista Mexicano y abrir espacios a las oposiciones mediante diputados de representación proporcional.

Ese esquema se colapsó el 6 de julio de 1988. La "caída" del sistema fracturó la legitimidad de la elección y de ahí nació la primera reforma política pactada entre el gobierno de Salinas de Gortari y el PAN. Se crearon, así, tres pilares fundamentales del entramado democrático: el IFE, la credencial de elector con fotografía y un padrón confiable.

El tercer y definitivo jalón ocurrió en 1997. La elección de 1994 fue muy tensa, pero transcurrió en paz. Sin embargo la diferencia entre los recursos monetarios y tiempo en los medios electrónicos fue de 3 a 1, es decir, el PRI gastó tres veces más que todos los partidos de oposición juntos.

Los avances más importantes de la reforma que negoció Ernesto Zedillo con todos los partidos de oposición fueron los siguientes: el IFE se volvió autónomo, se estableció que los partidos recibirían recursos y tendrían presencia en los medios electrónicos de forma equitativa, es decir, se les asignaría el 30 por ciento por igual a todos y el 70 por ciento en función de la fuerza electoral de cada uno.

Como consecuencia de la reforma y del pluralismo político, cada vez más acentuado, el cambio político se aceleró. El 6 de julio de 1997 el PRI perdió, por primera vez en la historia, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y por primera vez, también, Cuauhtémoc Cárdenas ganó el gobierno de la Ciudad de México.

Tres años después, la alternancia llegó a la Presidencia de la República. La victoria de Vicente Fox el 2 de julio de 2000 fue la culminación del proceso de cambio político. Pero hay que subrayar que para principios de ese año el PRI gobernaba al 46 por ciento de los mexicanos y el PRD y el PAN al 49 por ciento restante. Dicho de otro modo, la alternancia política tenía ya derecho de piso.

Vale, además, subrayar que la constante en las elecciones de 1997, 2000 y 2003 es que el partido en el poder pierde las elecciones, pero reconoce puntualmente las victorias de las oposiciones.

Así lo hizo el PRI en 1997 cuando perdió la elección para jefe de Gobierno en el Distrito Federal y la mayoría en la Cámara de Diputados, amén de otra serie de estados como Baja California (1989), Chihuahua (1982), Guanajuato (1995), Jalisco (1995), Querétaro y Nuevo León (1997).

Y esa fue exactamente la misma respuesta ante el resultado del 2 de julio de 2000. Ese día no hubo irregularidades electorales ni se gestó el más mínimo intento de desconocer el resultado. La misma noche de la elección Ernesto Zedillo y Francisco Labastida reconocieron la victoria de Vicente Fox.

En 2003, ya siendo presidente Vicente Fox, el resultado de la elección intermedia le fue desfavorable al Partido Acción Nacional, ya que no obtuvo siquiera la mayoría relativa. Pero entonces, como tres años antes, no hubo ningún intento de desconocer el resultado.

Por eso se puede afirmar que de 1997 a 2003 los procesos electorales tienen tres elementos fundamentales en común: no hay conflictos poselectorales, el partido en el poder reconoce inmediatamente sus derrotas, las condiciones de la contienda son equitativas -no hay quejas ni reclamos.

Esa continuidad y legitimidad democrática se rompió en 2006. La denuncia de un gran fraude fue la nota dominante. Pero paradójicamente López Obrador nunca cuestionó la equidad en la contienda.

Y no lo hizo porque no podía hacerlo. La Coalición por el Bien de Todos, que lo apoyaba, había tenido tantos o más recursos en dinero y medios electrónicos que el PAN o el PRI.

De hecho, la denuncia del presunto fraude se tejió en tres frecuencias: a) la existencia de un algoritmo: entraban unas cifras y salían otras al programa de resultados preliminares del IFE; b) la desaparición de 3 millones de votos, c) un fraude a la antigüita: manipulación de urnas y de votos.

López Obrador jamás pudo probar ninguna de sus afirmaciones. Pero sus expresiones en los medios electrónicos y escritos confundieron y terminaron por imponerse. Quedó la impresión en amplios sectores que le habían robado la elección.

Las condiciones de la contienda hoy no son diferentes a las de 1997, 2000, 2003 y, por supuesto, 2006. No existen resquicios ni lagunas para el fraude electoral. Los recursos y los tiempos en radio y televisión están distribuidos equitativamente.

Así que afirmar, como hacen algunos de los integrantes de #yosoy132, "si hay imposición, habrá revolución" es un disparate y muestra un grado de ignorancia enorme o una especie de fanatismo trasnochado.

La juventud es impetuosa y generosa y también es algo que se cura con el tiempo. Pero sobre todo no constituye una patente de corso para decir n'importe quoi.

¿Quo vadis, México?

Julio Faesler
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com
Excélsior

Ya no nos podemos permitir más tolerancias como hasta ahora, ni como individuos ni como sociedad.

Al iniciarse el último mes de campañas para la Presidencia de la República hay que reflexionar sobre el rumbo y las modalidades del desarrollo socioeconómico y político de nuestra sociedad en el próximo sexenio.

La cultura del mexicano no tolera liderazgos unipersonales en el gobierno. Con la sola excepción de Porfirio Díaz, la historia ofrece más que suficientes pruebas de la fulminante eliminación de personajes que han dominado brevemente el escenario político. Por esto ahora no admitiría subyugarse a un régimen autoritario del estilo de los que vemos en algunos otros países, incluso en nuestra América Latina.

Tampoco necesitamos de un caudillo-dictador para impulsar los cambios que el país requiere, mismos que bien podrán ir mucho más allá de las reformas estructurales pendientes. Hemos visto que en el pasado han sido aceptadas y asimiladas algunas reestructuraciones socioeconómicas bastante fundamentales. Tales virajes realizados con anuencia popular, a veces sólo tácita, fueron ocasionalmente de hondo calado. He aquí unos ejemplos:

El reparto agrario ordenado en 1917, y realizado durante varios sexenios, y la nacionalización de la industria petrolera de 1938 respondieron a tesis socialistas practicadas entonces en otros países. Estas acciones contaron con el asentimiento popular de un país que es de temperamento profundamente conservador.

La adhesión al GATT en 1986, que invirtió la estrategia de sustitución de importaciones que regía la relación gobierno-empresa fue otro paso trascendental. Con la firma del TLCAN el “modelo” de desarrollo emprendió una exagerada apertura de mercado que hoy se acentúa. Ante el drástico viraje, el sector industrial apenas si expresó una débil reacción.

La comprobada docilidad de la ciudadanía invita a prever que, en los primeros días del próximo sexenio, cuando son más deseados y eficaces los golpes de timón, presenciásemos una serie de disposiciones, debidamente aprobadas por el flamante Congreso, que significasen transformaciones profundas socioeconómicas y políticas.

Podría tratarse de nuevas fórmulas de explotación rural con capital privado, reformulación completa del sistema fiscal, auditorías detalladas a sindicatos, edades extendidas para el retiro, seguro de desempleo, creación de un sistema de polos integral, requisitos de mínimos de integración nacional para favorecer industrias, institucionalización del sistema escuela-industria o un impuesto ecológico generalizado. Cambios también para atender nuestras responsabilidades en un mundo globalizado, medidas de solidaridad financiera internacional y de participación en fuerzas de paz. Nuevas obligaciones en derechos humanos con precisión de sus respectivas obligaciones.

La atención a las crisis internacionales y la intensa competencia entre países “emergentes” presentan exigencias muy marcadas sobre todos los gobiernos. México está bien preparado para hacer frente a ellas. Pero ya no nos podemos permitir más tolerancias como hasta ahora, ni como individuos ni como sociedad.

Antes de depositar nuestro voto hay que reflexionar sobre la forma en que quien llegue a la Presidencia de la República ha de usar las amplias facultades de que tendrá que echar mano para modernizar y reestructurar algunos sectores críticos del país.

No debemos dar tal poder al que esté demasiado atado a compromisos o lastres históricos de corrupción. Tampoco habrá que darle nuestro voto al que sabemos que por sus antecedentes tenderá a implantar modelos que choquen con nuestra idiosincrasia.

Los grandes cambios que nos urgen harán posible seguir la ruta que al país más conviene en el siguiente sexenio. Esos cambios hay que encargárselos sólo a quien sepa realizarlos con sencillez, honestidad y valentía como lo acredita Josefina Vázquez Mota.

#YoSoy132: los nuevos intocables

Hugo García Michel (@hualgami)
hgarcia@milenio.com
Cámara Húngara
Milenio

En los viejos tiempos del absolutismo priista solía decirse que había tres temas que los medios no podían tocar: la Virgen de Guadalupe, el Ejército mexicano y el presidente de la República. Hoy día, se puede criticar al Ejército y no se diga al primer mandatario; solo la guadalupana mantiene ese halo de cierta intocabilidad. Sin embargo, ha surgido un nuevo elemento al que casi nadie se atreve a cuestionar públicamente, a riesgo de ser tachado de enemigo de la juventud y de lo más granado de la corrección política.

¡Guay de aquél que ose poner en duda la pureza del movimiento estudiantil conocido como #YoSoy132! No hay quien al referirse al mismo no lo haga con pincitas, a fin de no molestar a estos muchachos, en quienes empiezo a detectar cierto grado de altivez y de esa soberbia que tienen quienes se ostentan como dueños de la verdad absoluta.

Está, por ejemplo, eso de enarbolarse como los jóvenes, cosa que resulta por demás pretenciosa. Son un grupo muy grande y muy respetable de integrantes de la juventud mexicana, pero constituyen solo una parte del amplio espectro de la misma. Hacen mal en creerse representantes de todos los chavos del país. La Ibero, el ITAM o incluso la UNAM no son la totalidad: hay 14 millones de menores de 24 años en edad de votar.

Las exigencias de este conglomerado son tan difusas como su propia conformación, pero entre ellas hay una que me llama mucho la atención y es la que se refiere a “la democratización” de los medios.

No entiendo exactamente qué quieren decir con eso. Hay en México medios y periodistas pejistas (me niego a llamarlos de izquierda), los hay de centro y los hay de tinte más conservador (tampoco me atrevería a llamar de derecha a alguno en particular; no veo, por ejemplo, a un diario tan abiertamente reaccionario como llegó a ser en su momento El Heraldo de México). Todos publican con entera libertad y sin que se les censure por parte del gobierno. ¿A qué democratización se refieren entonces? ¿Una en la que haya una sola línea de pensamiento y en la que solo tengan derecho a publicar quienes coincidan ideológicamente con ellos? Stalin, Franco y el viejo PRI estarían de plácemes.