julio 11, 2012

Calderón: un paso suicida

Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin)
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

El presidente Calderón ha dado un gran paso para entregar al ganador de las elecciones presidenciales de 2012 algo parecido a la fruta podrida que le entregaron a él en 2006: una Presidencia deslegitimada.

Sin que medie más que una acusación genérica cuyas pruebas están lejos de haberse presentado, el Presidente se ha hecho eco de la posibilidad de que esta elección haya estado marcada por la compra de votos.

Con sus declaraciones, Calderón deslegitima también al IFE, que organiza las elecciones, y a los millones de ciudadanos que trabajaron en ellas. Fueron elecciones impecables, reconoció Calderón el primero de julio en la noche, pero pueden haber fallado, insinúa ahora, porque el fraude, como dice su nuevo asesor político López Obrador, estuvo en otra parte: en la compra de votos y en la complicidad de las televisoras con el candidato del PRI.

Hasta este último punto no ha llegado Calderón. Le queda el rubor de saber que nadie ha contratado tanta propaganda política en la televisión como su gobierno.

Al tema del cinismo de políticos y televisoras dedicaré un comentario mañana. Me concentro ahora en el daño a la legitimidad de las instituciones electorales hechas por las declaraciones del Presidente y por el asalto que sostiene sobre ellas, desde el 2006, López Obrador.

Quienes defendimos entonces a esas instituciones y, con esto, la validez de la Presidencia de Calderón, y quienes antes de eso defendimos a López Obrador contra el desafuero, que, violentando esas mismas instituciones, intentó el presidente Fox en el año 2005, no podemos hoy sino censurar otra vez a los deslegitimadores.

Estuve entonces y estoy ahora del lado de respetar las reglas y los veredictos que dan las instituciones democráticas que hemos construido, todo lo perfectibles que se quiera, pero aún así ejemplo de rigor en lo que se les ha encargado, que es contar los votos y cumplir con las infinitas reglas impuestas por la desconfianza que nos rige.

Esas instituciones cuya precisión ha sido validada esta semana por el recuento de hasta la mitad de los votos emitidos, más de 50 mil paquetes electorales, vuelven a estar bajo sospecha por el capricho de los dos perdedores: el presidente Calderón y el doblemente derrotado candidato López Obrador.

Los hermana en esto el malestar de la derrota. Solo que uno es nada más un predecible, renovado, mal perdedor, y el otro ha dado un paso suicida contra las instituciones que lo pusieron donde está y que pareciera dispuesto a arrastrar en su caída.


El conflicto interminable

Luis F. Aguilar
Reforma

Evidencia de que la política es importante pero no determinante de la vida de los ciudadanos es el hecho de que después del 1o. de julio no se han paralizado las actividades de las empresas, las organizaciones sociales, los profesionistas, los funcionarios públicos, las familias y las personas, dedicados a realizar sus intereses y aspiraciones. Casi todo el mundo sigue trabajando, produciendo, invirtiendo, investigando, cumpliendo con sus obligaciones, no obstante que persistan las cargantes lamentaciones del divino López Obrador, quien no acepta sus derrotas y descalifica las instituciones y los resultados electorales (no los que favorecen a su coalición), y se realicen marchas cada vez más fabricadas con o sin el disfraz del que fue dos meses atrás un movimiento estudiantil, hoy a la deriva y pirateado.

Si éramos millones los ciudadanos cansados del desarrollo del proceso electoral pero sabedores del deber ciudadano de votar por un candidato, seguros de que los votos iban a ser bien contados, gracias a la eficaz y responsable organización ciudadana del IFE, ahora hemos tomado distancia del fastidioso proceso poselectoral, cuyos dramones pertenecen al mercado de poder de los políticos, en el que ellos se juegan la vida pues es su único negocio, pero no son parte de nuestros proyectos de vida que no se reducen a la política. Son decenas de millones los que no viven de la política ni para la política. A este mundo de ciudadanos, que además de electores son contribuyentes fiscales y respetuosos de las leyes, les importan comportamientos y rendimientos específicos de la política, por lo menos con los atributos de inteligencia, decencia y eficacia.

En primer lugar, hay que recordarle al Sen. Gustavo Madero y a otros que en el Estado moderno la legitimidad es la legalidad. No hay ninguna legitimidad políticamente válida más allá de la jurídicamente reconocida y sancionada por la ley. El juicio de legitimidad hace referencia a los valores en los que uno cree (en el caso, en los valores de la democracia electoral), pero en la sociedad moderna de hombres libres el universo de valores es plural, diferenciado, por lo que para coexistir en paz se requieren valores que universalmente cuenten para todos y son los que la ley expresa, especifica y sanciona. Su afirmación de una legitimidad política por fuera o por encima de la legalidad es la de una convicción ética (o la de una maniobra política) no socialmente válida a menos que se funde en leyes. Enrique Peña Nieto será Presidente legítimo en tanto legal. No hay más opciones de legitimidad política, a menos que se repita la farsa del 2006, entre los legítimos y los espurios, y alguien se autonombre Presidente otra vez más por su soberana y real gana.

En segundo lugar, hay que poner punto final a procesos electorales que pierden validez por las sospechas o las evidencias de suciedad en el manejo de los recursos públicos o en su extralimitación. A pesar de la afirmación ofensiva e injusta de que más de 19 millones de votantes fueron comprados y votaron por la continuidad del sistema de corrupción, es obligado regular y fiscalizar con mayor rigor el monto, la asignación y el uso de los recursos públicos por parte de los partidos, tanto para las actividades electoreras que un candidato pueda realizar por años sin rendir cuentas a nadie sobre las fuentes y montos de sus recursos hasta el supuesto reparto de tarjetas de prepago antes de los comicios, en caso de que se compruebe. Se requiere una democracia mucho más austera, más fiscalizada y con sanciones que afecten los resultados.

En tercer lugar, hay que poner punto final a la política de conflicto, encono, división social. La política implica cooperación o acuerdo entre poderes, oposiciones, organizaciones ciudadanas, para ser algo que pueda llamarse propiamente política, actividad que cuida el beneficio general. La propuesta de invalidar el proceso electoral es la nueva y absurda forma de provocar la división del país, una vez que se desinfló la sospecha de fraude. Derrotados en los resultados por millones de votos, ahora se cuestiona el proceso, sin estimar el escenario de ingobernabilidad de la propuesta. En cambio, me sumo a los intelectuales y políticos que en estos días han afirmado que se abre una gran oportunidad en el tiempo de la transición presidencial para dar inicio a la democracia de acuerdos y compromisos de beneficio nacional. PAN, PRI y algún otro partido interesado pueden mostrar disposición a pactar antes de diciembre las reformas pendientes que son fundamentales para construir la plataforma de relanzamiento económico y social del país.

Por último, es necesario poner la primera piedra de una izquierda democrática. Son amplias las potencialidades de confianza ciudadana y gobierno de la izquierda, que la presente estrategia personalista, polarizadora, de dos caras (la legal y la callejera y de redes sociales) sofoca y aborta. ¿Se animarán los líderes de la izquierda del futuro, la promisoria, a deslindarse de la izquierda que viene del pasado con prácticas de dudosa democracia?