julio 13, 2012

Quién va por los amloistas de ocasión

Salvador Camarena (@SalCamarena)
salvador.camarena@razon.mx
La Razón

Llegado el plazo, Andrés Manuel López Obrador hizo ayer la relatoría de lo que según él tuvo que pasar para que, de manera ilegal, perdiera la elección presidencial. Su crónica no tiene nada de novedoso.

Menos aún algo que justifique la expectativa por él mismo alimentada, especialmente luego de que el lunes en la mañana anunciara para este jueves el momento que establecería el clímax del reclamo, la crucial hora de revelar la naturaleza del alegato del fraude.

Quien se diga sorprendido por lo que pasó anoche seguro tiene pocos días de vivir en México. Sin embargo, no hay porqué reclamar al tabasqueño su congruencia. Andrés Lajous ya ha explicado en Nexos (texto “Y la máquina seguía”, de junio pasado) que su estrategia de movilización históricamente le ha dado buenos resultados a la hora de negociar. La excepción que confirma la regla era la protesta post 2006. Sin embargo, a la luz de los resultados del 1 de julio, podemos sumar a lo dicho por Lajous que no sería descabellado pensar que AMLO crea que el enorme volumen de votos que logró ese domingo son el resultado de su larga movilización (recorrido de todos los municipios, mítines, reclamos, denuncia) por todo el país desde la derrota de hace seis años. Empero, si el ex jefe de gobierno lo viera así, caería en contradicción en al menos dos frentes: en los comicios le fue mejor con los sectores más educados y, como él mismo relató ayer, Peña Nieto lo ponchó en las zonas rurales.

Pero dejemos esa contradicción de lado por un momento. También ayer surgió un dato interesante. El diario Reforma publicó una encuesta en la que 76% de los entrevistados opina que López Obrador debe aceptar los resultados de la elección dados a conocer por el IFE. Sin embargo, cuando ese periódico desagrega esas respuestas entre aquéllos que votaron por AMLO, se aprecia que en ese grupo hoy son más los que no quieren que acepte los resultados: 40% en la encuesta de ayer, 34% en el sondeo de junio. ¿Será que a pesar de que no se ha encontrado un smoking gun, el efecto Soriana (más Monex) sí ha tenido impacto? Eso mismo habría pasado con algunos de los ciudadanos que eligieron a Josefina Vázquez Mota. En junio, 75% de votantes panistas decían que AMLO debería aceptar los resultados; en la encuesta de ayer, eran dos puntos menos: 73% pedían eso.

Entonces tenemos que el núcleo duro de AMLO parece haberse galvanizado. Al mismo tiempo se puede decir que hay votantes antipriistas que eligieron a López Obrador como una forma de rechazo a Enrique Peña Nieto. Este grupo estaría incómodo ante la falta de pruebas contundentes del fraude, pero también impedidos de una buena razón para apearse de su elección, para deslindarse de su voto.

En estos doce días ni Peña Nieto y mucho menos el Partido de la Revolución Democrática han tendido a esos ciudadanos un puente, un mensaje de que López Obrador puede seguir el camino que tantos previeron, pero que PRI y PRD pueden ser, a pesar de todo, una alternativa para ellos. En dos semanas, el priista se ha instalado en una nueva burbuja de confort, mientras que los perredistas se han tardado ya en declarar si de verdad irán a esta aventura hasta el fin con AMLO. ¿Porque cuántos de ese 18% de votantes que jamás hubieran votado al PRI (dato de Conestadística) que se pudieron haber ido con El Peje hoy ya quieren desligarse? ¿Y cuántos izquierdistas creen que ha llegado el momento de marcar una raya pero nadie se los hace más fácil?

De la verdad del twitter a la verdad jurídica

Adrián Trejo (@adriantrejo)
atrejo@callemexico.com
Calle Mexico

· Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que defenderá la democracia mexicana y acudirá al rescate de la moralidad del país, tan golpeada en la pasada elección presidencial.

No hubo, salvo el anuncio de que el próximo miércoles definirá el programa de acción para la defensa de la democracia, novedades en el discurso del tabasqueño.

Como ya se sabía, dijo que solicitará la anulación de la elección que fue inequitativa y sucia.

Citó que tiene miles de pruebas, la mayoría aportadas “por la sociedad”, con las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tendrá más remedio que anular la elección.

Hay sin embargo, un problema.

Primero, que la coalición de izquierda tendrá que pasar de la verdad del twitter o el Facebook a la verdad jurídica, es decir, tendrá que convencer al Tribunal de que las miles de denuncias que dicen tener realmente impactaron en el proceso electoral.

Dijo López Obrador que el PRI compró cinco millones de votos y eso es lo que tendrá que demostrar; a ver si las pruebas que tiene le alcanzan.

También aseguró que hubo inconsistencias en el 50% de las actas de la elección presidencial; si así fuera, ¿dónde estuvieron los representantes de la coalición de izquierda que dejaron pasar todas esas inconsistencias? ¿También recibieron sus tarjetas de Soriana o Monex?

Como sea, el tabasqueño ya rompió lanzas con todos los partidos, con las autoridades electorales –a los que quiso poner entre la espada y la pared- y de paso advirtió que ejercerá sus derechos ciudadanos para la defensa ya no de su supuesto triunfo, sino de la democracia mexicana.

Traducido es: prepárese para movilizaciones, marchas, plantones y lo que ya vio en el 2006. Por lo menos.

· Una de las estrategias de la coalición de las izquierdas para presionar al TEPJF es pedir que los magistrados María del Carmen Alanís Figueroa y José Alejandro Luna Ramos se excusen de participar en la calificación de la elección.

La primera porque en marzo del 2011, se reunió con operadores de Peña Nieto en una cena celebrada en su casa. El PAN pidió la recusación de la magistrada que participaba en la discusión de sanciones al propio Peña, su equipo de comunicación y algunas estaciones de radio y televisión.

El pleno del TEPJF determinó que había “insuficiencia probatoria” para acreditar una conducta desleal a la magistrada que sí participó en la discusión final.

En el caso del magistrado Luna Ramos, presidente del TEPJF, Ricardo Monreal lo acusa de prejuzgar la validación de la elección presidencial al haber declarado el lunes 2 de julio de 2012 que “nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”.

Monreal parece ignorar o haber olvidado que ésas declaraciones el magistrado Luna Ramos ha venido repitiéndolas desde que las pronunció por primera vez al rendir su primer Informe Anual de Labores, el 29 de noviembre de 2011, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Entonces?

Gastos, votos y cartón

Rafael Cardona (@cardonarafael)
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

—¿Cómo estás, Arturo?

—Bien, me respondió Arturo Núñez a la entrada de una enorme carpa donde se alojaban los manifestantes espontáneamente llegados de Tabasco al Zócalo de la ciudad de México, en apoyo de la protesta de Andrés Manuel contra el fraude electoral del 2006.

—Aquí, prosiguió, cuidando el movimiento.

Junto a esa delegación estaban los zacatecanos y a la puerta de su campamento, obviamente, con sombrero y desaliño, Ricardo Monreal.

Días de sacrificio y larga noche en la plancha de concreto y más allá, donde se respiraba el heroísmo del sacrificio y la pureza de la protesta. En el campamento se percibía el aroma de la resistencia civil pacífica y eran trepidantes los discursos del líder en contra del impostor, del pelele, del espurio.

Hombres y mujeres sentían —o hacían como si sintieran— la ardua responsabilidad de sentirse motores de la historia, el cambio y la dignidad. Así lo hicieron, cuando ya el campamento se había levantado para dejarle paso al desfile de soldados y caballos, tanques y lanchones de asalto, la tarde del 20 de noviembre cuando se instituyó, así como si nada, la Presidencia Legítima de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí nomás pa’l gasto.

Hoy la historia se repite con algunas variaciones. Ya no se habla de manipulación en los resultados, sino de ilegalidad para conseguirlos. Los votos, muchos votos, casi 19 millones de ellos provienen de la mano negra, de la compra, del soborno a ciudadanos sobornables y complicados con los felones de la tarjeta o la lámina de cartón.

Cinco millones de corruptos vendieron el sufragio, lo cual es tan grave como poner a subasta la virginidad de la hija o la hermana o pagar con la esposa una apuesta de juego de naipes. Horror. Y los otros 14 millones de votos, pues esos no cuentan, provienen de quienes no tienen empacho en prolongar este corrupto régimen de traición popular, desvergüenza republicana e injusticia económica.

Entre corruptos y pobres han sentado en la silla a Peña.

Hoy el asunto queda en manos de jueces en un tribunal. Los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen ante ellos un panorama kafkiano.

No pueden probar lo evidente.

—¿Hubo compra de votos en esta elección? Obviamente. Como en todas las anteriores y aquellas por venir.

—¿Se puede probar? No.

El mismo Arturo Núñez, experto en derecho electoral, promotor y organizador de las nuevas instituciones nacionales, como el IFE, tratadista en la materia con obra publicada (El nuevo sistema electoral mexicano, FCE 1991) y experto en asuntos jurídicos, dice:

“Al amparo del voto secreto, demostrar que el voto es comprado es imposible. Los votos que están en las urnas ahí están. Si fue voto comprado o fue voto libre, eso usted no lo puede decidir en la urna; tiene que ser lo que pasa afuera de la casilla, donde le quitan la credencial, se la condicionan, si retrataron la boleta, si tuvieron que entregar en la operación carrusel; es decir, la probanza está fuera de la casilla, dentro de la urna usted no puede decir: este voto es comprado y este voto es libre”.

Y como las cosas de afuera tampoco tienen una necesaria relación de casualidad con los hechos interiores de la casilla, pues el asunto se moja como la pólvora bajo la lluvia.

Menos sentenciosa en esta materia resulta la interpretación utilitaria de Andrés Manuel:

—“Yo les digo, agarren lo que les ofrecen. Llévense la carnada pero no muerdan el anzuelo”.

Pero si hay compra de votos también hay rebase de gastos de campaña. Y estos, sean del monto como se logre probar, tampoco son materia de anulación electoral.

Quizá esta resignación aprovecha del fenómeno universal de la compra (o estímulo o promesa o ilusión) del voto, sea la síntesis de muchos de nuestros problemas de legitimidad electoral.

Todo mundo sabe y todo mundo incurre en las falsas promesas, los regalitos conmemorativos (en el Museo de Bruno Newman se hizo hasta una exposición de objetos relacionados con las campañas desde Díaz hasta acá); la exhibición de resultados en programas sociales (Josefina hablaba de sus millones de pisos firmes, como si ella los hubiera hecho) y en general la ubicua vigencia del asistencialismo como semilla de clientelas estables, perdurables y constantes, cuya gratitud se traduce (o se quiere traducir) en votos, aceptación y prolongación de un sistema.

Así púes, habrá “anulación moral”, pero no jurídica.

ETA y la culpa del pueblo vasco

Fran Ruiz (@perea_fran)
fran@cronica.com.mx
La aldea global
La Crónica de Hoy

Hace exactamente 15 años ETA ejecutaba a Miguel Ángel Blanco. El joven de 29 años fue hallado culpable y condenado a muerte por haber cometido el “crimen” de afiliarse al Partido Popular (PP) y ser concejal de Ermua, un pueblo obrero del interior del País Vasco.

Tras emitir su veredicto, la banda terrorista vasca lanzaba un ultimátum al gobierno español de José María Aznar: si en 48 horas no acercaba a todos los presos etarras al País Vasco, su rehén moriría. Semejante chantaje, imposible de cumplir, tuvo un efecto demoledor en la conciencia colectiva de los españoles: el fantasma de los fusilamientos del franquismo resucitaba y se reencarnaba en una pandilla de terroristas encapuchados. De inmediato, las calles de las ciudades españolas, incluida Bilbao, la gran urbe vasca, fueron tomadas por miles de personas para pedir a ETA, para suplicar a ETA, que por favor no ejecutara al muchacho.

La respuesta de los etarras ya la conocemos: desoyeron el clamor popular y dispararon a la cabeza del joven, dejándolo tirado y agonizando. Horas después Miguel Ángel Blanco moría. Su martirio, sin embargo, no fue en vano, ya que con él nació “el espíritu de Ermua”, una imparable rebelión popular contra ETA que creció al grito de “¡Basta ya!”.

Ese 13 de julio de 1997, ETA empezó a cavar su propia tumba, la que hoy, 15 años después, tiene lista para ocupar. Sin embargo, la serpiente enroscada a un hacha (no podían los terroristas haber escogido mejor símbolo) se resiste a morir, a pesar de que reconoció implícitamente el año pasado que había sido derrotada, tras anunciar su cese del fuego definitivo. Si sigue viva es por el mismo motivo que permitió que viviera durante casi medio siglo: porque una parte significativa del pueblo vasco aplaudió su existencia y hasta la fecha sigue justificando sus casi mil asesinatos, y si hubieran más, también los justificaría.

ETA nació, vivió y se resiste a dejar las armas porque tiene apoyo social, aunque éste sea ya marginal. Esto es lo que diferencia al pueblo vasco de otros pueblos con tensiones separatistas occidentales, como los de Escocia o Quebec. Gran parte del pueblo vasco aceptó durante décadas el terrorismo como forma de lucha, aplaudiendo o mirando para otro lado; por el contrario, tanto escoceses como quebequeses jamás permitieron que en su nido anidara la serpiente. Al final, el nacionalismo vasco tiene razón en al menos una cosa: efectivamente son el pueblo más primitivo de Europa, el resto (salvo excepciones, como el pueblo alemán, que todavía arrastra su propia culpa) evolucionó afortunadamente sin ese gen condescendiente con el asesinato. Obviamente no todo los vascos nacieron así: no todos bridaron con champaña cuando ETA cometía asesinatos ni ocultaron a los terroristas en sus casas (entre ellos muchos sacerdotes, por cierto) ni hicieron homenajes de héroe a los etarras caídos o apresados ni trataban de justificar sus “acciones armadas”, señalando falsamente que el Estado español reprimía al pueblo vasco (como no se cansan de repetir, deformando la realidad, sus medios de comunicación afines, uno incluso en México). Había y hay, por supuesto, muchos vascos que aborrecen el terrorismo y que lo combatieron como debe ser, mediante el juego democrático. Es el caso del filósofo Fernando Savater o el del propio Miguel Ángel Blanco, pero para los radicales vascos ambos no pueden ser otra cosa que traidores y, por tanto, estaría justificado que fuesen asesinados por ETA. Con el segundo lo lograron hace ya 15 años, con el primero lo intentaron, pero no pudieron con él.

La cosa habría continuado así —con los asesinatos, los homenajes a etarras, con vascos “traidores” viviendo con la amenaza de ser rematados de un tiro en la nuca o de un bombazo— de no haber anunciado ETA el abandono de la violencia, como se lo pidió su ilegalizado brazo político, los herederos de Batasuna. Pero, que nadie se lleve a engaño; esto no ocurrió por una repentina pérdida de ese gen que convierte a muchos vascos en proclives al asesinato; ocurrió porque hace diez años los dos grandes partidos españoles, el PSOE y el PP comprendieron que los etarras nunca iban a parar de matar, a no ser que endurecieran al máximo las leyes penitenciarias y políticas. El Congreso español aprobó la Ley de Partidos, que manda a la clandestinidad a organizaciones que apoyaban al terrorismo. “No se atreverán”, dijo en su momento desafiante el líder de Batasuna; pero se atrevieron y pasó a la clandestinidad. Del mismo modo, se alargaron las penas por terrorismo y los etarras con delitos de sangre, muchos de ellos jóvenes, pasarán gran parte de sus vidas en cárceles. Esto fue lo que acabó con ETA y no porque se hayan arrepentido de matar.

El fin de ETA, sin haber conseguido ninguno de sus objetivos —la creación de un Estado vasco independiente y marxista-leninista, así como la amnistía a los presos— es el mejor homenaje que los españoles pueden hacer a Miguel Ángel Blanco. En cuanto a los vascos, que reflexionen sobre cómo se permitió que creciera en su tierra la serpiente terrorista. Que sepan que la historia los juzgará.

Inconformidad eterna

Yuriria Sierra (@YuririaSierra)
Nudo Gordiano
Excélsior

AMLO había dicho que ayer daría a conocer las pruebas con las que pretende la invalidación de la elección, pero no, no dijo nada nuevo

Finalmente, dadas las circunstancias que le impiden a AMLO ir por la anulación de la elección como él lo hubiera querido, pues la ley sólo establece tres condiciones para que la anulación se pueda alcanzar, mismas que no se incumplen en lo que arrojó la elección del 1 de julio, El Peje presentó su “caso”, con él pretende invalidar los resultados y quitarle así el triunfo a Enrique Peña Nieto. O al menos lo que él cree que es su “caso”.

Ayer adelantó su conferencia de prensa un par de horas. En principio se planeaba a las 8 de la noche y salió a las 6 de la tarde para hablar, hablar y hablar, aunque en realidad no fue otra cosa sino repetir, repetir y repetir el cuento que ha leído una y otra vez con la esperanza de encontrar un feliz final para él. AMLO había dicho que ayer daría a conocer las pruebas con las que pretende la invalidación de la elección, pero no, no dijo nada nuevo. Pareciera que lo único que quiere es ganar tiempo. Y es que en el único dato nuevo dijo que no será sino haaaaasta la próxima semana que dé a conocer su Plan Nacional para la Defensa de la Democracia.

Ni él ni Ricardo Monreal, quien le siguió en el uso de la palabra, dieron nota relevante. El anuncio de la impugnación, del juicio de inconformidad o como quieran llamarle, ya lo habían hecho días antes, argumentando las que, para ellos, constituyen faltas constitucionales capaces de anular la elección.

¿Y cuáles son esos elementos prueba? Resumieron lo que ya han dicho, ooootra vez: inequidad en los tiempos de propaganda, tiempos que fueron adquiridos por el PRI, según dicen; las irregularidades que se han presentado en la Fepade y en el IFE, quien ya dijo que no es la ventanilla para recibir quejas, la “manipulación”, o sea, lo que AMLO llama el “cuchareo” de las encuestas en favor de un candidato, porque sus números siempre lo pusieron como el puntero, y la compra y coacción del voto.

Este último, su argumento más “fuerte”, así, entre comillas, porque sin duda es el elemento más escandaloso, que incluso ya hizo que Soriana aclarara cómo es el uso de tales tarjetas electrónicas. Y es que, como ayer escribíamos aquí lo dicho por Alberto Simpser, es justo el elemento más imposible de comprobar. ¿Cómo harán, AMLO y su equipo, que dicho ejercicio sea verificable?

Argumentaron, también, que además de los monederos electrónicos, hay registro de coacción del voto a través de la entrega de obsequios como refrigeradores, estufas, lavadoras. Sí, asunto escandaloso, que no es práctica exclusiva de los priistas pero que, de igual forma a la compra-venta de votos, se ve como muy improbable en el efecto que haya tenido en las urnas. Que su lucha será siempre pacífica, que su lucha lo lleva hoy a pedir firmas de apoyo, en contra de los resultados de la impugnación, a favor de que la elección se anule... ¿y qué vendría entonces? Esto suena a ir tras una “imposición”, la de Peña, para entonces lograr “imponer” otra presidencia, la suya.

Una suerte de discurso moral fue lo que ayer AMLO expresó en lugar de pruebas contundentes, una suerte de malabares poéticos y morales con el único propósito de ganar tiempo, de seguir en el reflector y de aferrarse a su idea del complot. Un discurso cuyo mensaje se resume en “la democracia soy yo”, o sea, él, AMLO. Y todo lo que diga lo contrario es resultado de operaciones secretas y de mala leche para sacarlo de la jugada. Y es que, de ser necesario, AMLO es capaz de decir que hasta Dios operó para imponer a Enrique Peña Nieto...

Madruguete del ACTA

Antulio Sánchez (@tulios41)
Internet
tulios41@yahoo.com.mx
Milenio

Como un auténtico madruguete de Felipe Calderón se puede considerar la firma que hizo el gobierno mexicano del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) el pasado 11 de julio. Así como se negoció el ACTA, así terminó firmándose: de espaldas a la ciudadanía y en secreto.

La firma del ACTA se da después de que la Cofetel y el propio Senado habían rechazado signarla porque, como refirió el grupo plural conformado en la Cámara alta (http://j.mp/NoAj5w), con el mismo se vulnera el derecho de presunción de inocencia y se torna un obstáculo para la libertad de expresión.

Desde 2010 diversos activistas, académicos, organizaciones civiles y políticos han venido denunciando, en México y diversas partes del orbe, los peligros que entraña ACTA, los efectos que tendría para el desarrollo cultural y sus consecuencias negativas en la naciente esfera pública que conforma internet.

Como señalan Jaime Aboites y Manuel Soria (Economía del conocimiento y propiedad intelectual. Lecciones para la economía mexicana) desde la última década del siglo pasado los países desarrollados iniciaron un vertiginoso proceso de endurecimiento de las condiciones para acceder al conocimiento, mismo que ha afectado de manera directa a los países en vías de desarrollo.

Así con los TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) los países desarrollados han modificado de manera radical los patrones de transmisión, apropiación y alfabetización tecnológica. El ACTA forma parte de este contexto en donde no solo la propiedad intelectual se torna en una de las formas más importantes de transferencia de dinero de los países en vías de desarrollo a los desarrollados, sino también que termina por entorpecer la modernización tecnológica de los países emergentes como México.

Más allá de que el Senado próximamente tenga que suscribir el ACTA, o incluso que la vuelvan a rechazar, lo cierto es que México es orillado a ponerse del lado de lo que su máximo socio comercial, Estados Unidos, le exige, y porque México, en 1991, con la firma del Tratado de Libre Comercio se comprometió a la firma de los TRIPS, sin tomar en cuenta que la firma del ACTA (y de otros similares en materia de propiedad intelectual) implica un desigual esquema de distribución de transferencias de ganancias hacia Estados Unidos y que erosiona derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Crisis del sistema presidencial

Diego Valadés
Miembro investigador del IIJUNAM
Reforma

La inconformidad ha saltado a la calle con motivo de la elección presidencial. Con independencia de la controversia electoral, hay muchos elementos para inferir que el problema de fondo tiene que ver más con la manera de ejercer el poder que con la forma alcanzarlo. Lo que hoy atrae la atención es lo coyuntural, pero tenemos que ir a la raíz de nuestras dificultades. Atribuir todo a la voluntad de una persona es simplismo puro.

Ningún sistema electoral es perfecto; todos están expuestos a numerosos riesgos, muchos de los cuales no pueden ser superados sólo mediante disposiciones restrictivas. Lo que agrava o atenúa las deficiencias de un sistema electoral es el régimen de gobierno. La forma de actuar de gobernantes y representantes tiene mucho que ver con las respuestas de los electores en situaciones críticas.

Un asunto que no solemos discutir es el monopolio del poder, que afecta la vida institucional nacional y la de cada uno de los estados. Es difícil encontrar un sistema presidencial contemporáneo con las características del nuestro. En México el poder ejecutivo está constitucionalmente concentrado en una sola persona (artículo 80); el Congreso no interviene en el programa de gobierno y los ministros sólo son responsables ante el presidente, no ante los representantes de la nación. El gobierno "pertenece" a quien obtiene la mayoría simple. En el caso actual, con el 38% de los votos se conquista el 100% del poder gubernamental. A la inversa, el 62% de los electores tiene que conformarse con el 0% del poder. Esta es una asimetría insostenible en una democracia.

Nuestro régimen de gobierno era explicable en un periodo de partido hegemónico, pero cuando la realidad electoral cambió se omitieron los ajustes necesarios para racionalizarlo. Sorprende que este fenómeno no haya sido señalado por ningún partido ni se aspire a corregirlo. No fue un tema de campaña ni está siendo ventilado en medio del diferendo poselectoral. De seguir así no disminuirá la tensión previa a la toma de posesión y nos encaminamos hacia más desencuentros entre el gobierno y el Congreso en el próximo sexenio.

Las soluciones son sencillas en su enunciado, aunque parecen difíciles en cuanto a su adopción por las partes involucradas en la actual polémica política. Un aparente remedio consistiría en establecer la segunda vuelta en el caso de que ningún candidato presidencial obtuviera la mayoría. Empero esto no serviría para el caso presente, porque lo más próximo que podría aplicarse sería en 2018. Por otro lado, si se adoptara en el futuro, más que resolver lo que ahora padecemos, lo agravaría. Los sistemas de dos vueltas propician la dispersión del voto en la primera ronda y los acuerdos coyunturales en la segunda. En Francia, donde hay segunda vuelta, para evitar la concentración del poder existe un primer ministro y los miembros del gabinete lo suelen ser también del parlamento; además, la Asamblea Nacional aprueba la declaración de política general (programa) del gobierno.

La tensión poselectoral que vivimos fue prevista por muchas personas que de tiempo atrás sostenemos la necesidad de un cambio en el régimen de gobierno. El conflicto en curso está relacionado con ese régimen, aunque sus protagonistas no lo expresen así. Si no ahondamos el análisis, no encontraremos las soluciones, y todo lo más que conseguiremos es que México siga sin poder superar la inequidad social, la inseguridad, la corrupción, el estancamiento económico y la mediocridad política.

Para racionalizar el sistema presidencial hay que hacerlo responsable y competente. Un presidente tendrá más fuerza política cuando entienda que el poder se debe compartir con los gobernados. Se comparte el poder cuando el programa de gobierno y las consiguientes acciones legislativas para su instrumentación cuentan con la mayoría en el Congreso; cuando los ministros tienen personalidad propia, influyen en la opinión pública y disponen de apoyo parlamentario; cuando los representantes de la nación pueden ejercer un control sistemático sobre los gobernantes. Esto no es novedoso; es lo que ocurre en la mayor parte de los sistemas presidenciales contemporáneos.

También hay que reformar en esa dirección el poder local. En los últimos lustros ha renacido el caciquismo, en detrimento de las libertades públicas en los estados, con abundantes muestras de corrupción y de inoperancia política.

Minimizar el conflicto poselectoral o perder de vista sus causas verdaderas nos aleja de las soluciones democráticas que todos queremos para el país.