julio 19, 2012

México: un país de bajo riesgo

Leo Zuckermann (@leozuckermann)
Juegos de Poder
Excélsior

De que las dos últimas administraciones, la de Fox y la de Calderón, han tenido logros, yo no lo dudo. Sobre todo en el ámbito económico.

El martes escribí un artículo sobre el éxito de la industria automotriz mexicana. Recibí un comentario reclamándome el por qué había publicado esto ahora que el PAN había perdido la Presidencia, como si a mí me tocara presumir los logros de las administraciones panistas. Con todo respeto para el lector, pero este papel le correspondía a Josefina Vázquez Mota. No entiendo por qué no lo hizo y más bien decidió diferenciarse de los gobiernos panistas, lo cual no contribuyó en nada a la causa del PAN.

Pero de que las dos últimas administraciones de Fox y Calderón han tenido logros, yo no tengo dudas. Sobre todo en el ámbito económico. No sólo en sectores de alto valor agregado como la producción de automóviles sino en el manejo serio y responsable de la macroeconomía. Esto ha permitido 12 años de estabilidad que, a su vez, ha llevado a la formación de un país mayoritariamente de clases medias. Yo no sé por qué los candidatos panistas no cacarearon ese huevo.

Una de las medidas en que México destaca es en el riesgo país, es decir, el indicador que utilizan los inversionistas para saber si una nación cumplirá o no los términos de su deuda externa. El banco de inversión JP Morgan calcula el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) que mide el diferencial entre las tasas de interés que paga un país con el que otorgan los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados como “libres” de riesgo ya que, desde hace más de 200 años, siempre han pagado el capital y los intereses acordados. A mayor el spread, o diferencia entre tasas, mayor el riesgo de incumplimiento de un país. Es lógico: los inversionistas piden un mayor rendimiento de los bonos que consideran más peligrosos.

Ayer el riesgo país de México, medido en EMBI, era de 151 puntos base. Esto quiere decir que la deuda mexicana pagaba una sobretasa de 1.51% sobre la de los Treasury Bills estadunidenses. Se trata de un diferencial muy pequeño. Si los inversionistas están dispuestos a comprar bonos mexicanos denominados en dólares, que pagan tan poca tasa de interés, es porque piensan que México va a honrar sus compromisos debido a la buena situación macroeconómica del país.

Compárese esta situación a la de 1995 cuando todo el mundo estaba rematando los bonos mexicanos denominados en moneda extranjera porque pensaban que el país declararía una mora. Lo único que pudo salvar a México fue la intervención del gobierno estadunidense respaldando, con un megapréstamo, los bonos mexicanos. Vaya que estamos lejos de aquellas épocas y eso se debe, en gran medida, a la conducta seria y responsable de los dos últimos gobiernos panistas en su política fiscal.

Otra manera de comparar la buena situación de México en esta materia es con la de otros países. De las tres grandes economías de América Latina, el nuestro es el que tiene el menor riesgo país. Brasil ayer tenía un EMBI de 195 puntos base con respecto a los bonos estadunidenses. El de Argentina era de mil 66, es decir, los bonos argentinos pagan una prima de 10.66% sobre los instrumentos libres de riesgo. Y para todos aquellos que piensan que el experimento populista de Venezuela es ejemplar, el riesgo país de esta nación es de mil 50 puntos base.

México se encuentra, hoy en día, en mejor situación que varios países de Europa que tienen severos problemas fiscales. España, que durante mucho tiempo fue referente para los mexicanos como un ejemplo a seguir, tiene un riesgo país de alrededor de 548 puntos base con respecto a los bonos estadunidenses, prima significativamente mayor que la que paga nuestro país. Ni se diga Grecia cuyo riesgo actual es de mil 302 puntos.

Para ponerlo en perspectiva, México trae el mismo riesgo país que una nación desarrollada como Australia, la cual paga una prima de 145 puntos base. De ese tamaño es el logro de nuestro país gracias a dos gobiernos panistas que se portaron de manera responsable durante estos últimos 12 años. Es increíble que los candidatos del PAN no utilizaran este tipo de argumentos para jalar más votos a su favor.

Alegatos constitucionales

Carlos Elizondo Mayer-Serra (@carloselizondom)
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

Si López Obrador hubiera aparecido ante las cámaras de televisión con una boleta electoral tachada a favor del PRD, sería prueba de que el PRI sacó de las urnas millones de boletas que le favorecían a él. Por el contrario, si sale, como lo hizo en conferencia de prensa el jueves pasado, con una boleta electoral tachada a favor del PRI, entonces prueba la introducción en las urnas de millones de votos a favor de su contrincante.

Éste es el primer problema que enfrenta para lograr la invalidez de la elección presidencial. Una "prueba" como la presentada es sólo un circo mediático que tiene resonancia porque nuestros medios de comunicación tienden a reproducir declaraciones. La boleta mostrada lo único que nos dice es que López Obrador se hizo de una boleta tachada. No sabemos con certeza qué significa. Muchas de sus pruebas no tienen mayor valor. Son artículos de periódicos o testimonios de terceros.

¿Por qué el PRD y el PAN no se dedicaron a monitorear cada acto de campaña de Peña Nieto, con notario presente, para estimar cuánto costaba cada evento? Quizás por poco profesionales, o bien, porque no querían que les hicieran lo mismo. En ese mundo de ilegalidades también algunos de los perdedores ganan algo del dinero "desviado" hacia sus cuentas.

El problema mayor para la causa de López Obrador, sin embargo, no está en la calidad de sus pruebas, sino que la ley define con precisión cuándo se puede anular una elección. Sólo si hay serios problemas en el 25 por ciento o más de las casillas. No sucedió.

Para poder saltar esta restricción constitucional, el eje del argumento es pedir la invalidez a partir del artículo 41 de la Constitución que dice: "la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas". También estipula que los partidos políticos contarán "de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades".

Estos preceptos constitucionales dan para casi todo. ¿Qué es una elección libre y auténtica? ¿Cuándo la distribución de los "elementos" es equitativa? ¿Usted cree que Isabel Miranda de Wallace piensa que la elección en el DF fue equitativa cuando el gobierno de la ciudad organizaba conciertos y continuaba presumiendo obras durante la campaña?

Al Tribunal le toca definir si estas elecciones fueron libres, auténticas y equitativas. ¿Valorará que López Obrador llevaba casi seis años en campaña? El Tribunal tiene la última palabra. La Constitución no la pueden interpretar las partes de un conflicto.

A López Obrador como defensor de la Constitución le tocará acatar la decisión. El artículo 41 afirma que el sistema que tenemos para litigar las elecciones "dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales".

Ahora bien, es crítico saber si se gastó o no de más en esta elección y sancionarlo, si fuera el caso, como estipula la ley, con multas y hasta la pérdida del registro del partido político. Pareciera que los tres principales candidatos gastaron de más. Seguramente más el PRI. ¿Da para anular la elección? Lo dirá el Tribunal. Pero hay que enfrentar también esto con miras al futuro. No con una nueva ley electoral, sino con una ley contra el lavado de dinero y un mayor control del gasto de los gobernadores. Ahí se encuentran los mayores abusos.

Si lo que motiva a López Obrador no es el poder sino ayudar a los pobres, hay reformas que puede promover. Peña Nieto dice querer algunas de ellas, como formar una comisión anticorrupción y obligar a una mayor transparencia en el gasto público en los tres niveles de gobierno. Hay otras reformas posibles que pueden ser negociadas. El costo para el país de poner tanta energía en las reglas electorales y en su cumplimiento es que nos distrae de los temas que más pueden aumentar el bienestar de los mexicanos.

López Obrador, ahora activo constitucionalista, no debe olvidar el artículo 17 de nuestra Carta Magna: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". También el artículo 9 que dice: "no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee". Son dos criterios constitucionales claros. No dan para mucho alegato.

AMLO dobla la apuesta

Carlos Puig (@puigcarlos)
masalla@gmail.com
Duda razonable
Milenio

Para quien tenía alguna duda, ayer Andrés Manuel López Obrador las despejó todas.

Palabras más, palabras menos, quedó claro que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no invalida la elección y si las autoridades competentes no inhabilitan y sancionan a Enrique Peña Nieto y su partido, serán parte de una maquinaria de encubrimiento de delitos.

Delitos “graves”, los calificó López Obrador ayer.

El discurso, pues, hace un poco inútil la espera frente a la decisión del Tribunal. Está claro que solo hay una respuesta aceptable para López Obrador y sus más cercanos.

Algo así se podía sospechar desde la revisión de las más de seiscientas páginas de la impugnación del Movimiento Progresista. Yo no soy experto, pero sorprendía que en algo tan serio, como el futuro de la democracia, decían ellos, se llamara a Peña Nieto “candidato panista”, se identificara erróneamente a Quién —parte del complot mediático— como una revista de Televisa, que las pruebas fueran columnas periodísticas, o que se dedicara una docena de páginas a un complicado modelo matemático que intenta descalificar el conteo de las boletas, algo así como el regreso del algoritmo maldito.

Sergio Aguayo, que sí es un experto en estas cosas, calificó a quienes hicieron el alegato de “aficionados” y “novatos”, y al documento de “improvisado”. “La izquierda no investiga ni en defensa propia”, concluyó el presidente de Alianza Cívica, organización que hizo un reporte bastante duro sobre la elección con base en sus 500 observadores.

Ante la debilidad del primer documento, López Obrador, como suele hacerlo cuando se ve en aprietos, dobló la apuesta, elevó el riesgo, dio el salto.

Nos dijo ayer que lo que sucedió no son únicamente probables delitos electorales, compra de votos, simples rebases de topes de gastos, propaganda disfrazada de encuestas; no, señor, esto es mucho peor: lavado de dinero, recursos de procedencia desconocida, seguramente ilícita, sí, tal vez, del crimen organizado.

La denuncia de ayer no es contra el PRI, sino directamente contra Enrique Peña Nieto. Si “las autoridades” no invalidan la elección y persiguen los delitos, serán cómplices.

Dice la presentación de ayer: “Validar esta elección implicaría que las autoridades competentes del país encubrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas mediante la calificación de la elección presidencial, sin que importara en modo alguno el título IV de la Constitución General de la República ni las responsabilidades políticas, penales o de otra índole que se derivarían de esas conductas, ya sean por acción o por omisión, y que podrían dar lugar a juicios políticos, penales o, al menos, a responsabilidades de carácter administrativo”.

Ya no hay suspenso.

Si el TEPJF no dice lo que AMLO quiere, le habrán robado —otra vez— la Presidencia y habrán encubierto a delincuentes, posiblemente a miembros del crimen organizado.

Quienes hasta hoy lo acompañan pueden empezar a tomar decisiones.

¿Reeditar el 2006?

Alfonso Zárate Flores (@alfonsozarate)
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

Es más, mucho más que el derecho al pataleo. Frente a los resultados de las urnas, las movilizaciones continúan y, en algunos casos, congregan enormes contingentes; el discurso de los activistas se radicaliza y se construyen alianzas sorprendentes: los jóvenes estudiantes —al menos una fracción que se apropia del nombre #YoSoy 132— se acercan a grupos que portan enormes agravios (el Frente para la Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los electricistas del SME, los profesores de la CNTE oaxaqueña, los comuneros de Cherán). El propósito explícito ya está definido: impedir, como lo ha expresado Andrés Manuel López Obrador, que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”.

La llamada Convención Nacional contra la Imposición sesionó en San Salvador Atenco el pasado fin de semana con todo y machetes desplegados y el discurso de la anfitriona, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, el líder comunitario. Allí, según las notas periodísticas, aproximadamente 2 mil representantes de unas 29 entidades discutieron un programa de lucha.

Parece que los radicales —algunos, como los “macheteros” de Atenco, saben estirar la liga al máximo— están prevaleciendo. Pero todavía es temprano para conocer la postura de los grupos moderados y su peso específico en la conducción de las protestas, así como la actitud que tomarán los más rudos y beligerantes ante la resolución “definitiva e inapelable” del Tribunal Electoral que deberá darse a más tardar el 6 de septiembre.

Por distintas razones, Atenco tiene un importante simbolismo político: fueron sus pobladores quienes repudiaron el proyecto para construir en esa zona el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. La ineptitud de los operadores políticos del foxismo generó las condiciones para una dura respuesta colectiva. Las movilizaciones frenaron el proyecto de infraestructura más importante de la administración Fox. Los “súper gerentes” no encontraron una fórmula que resolviera la tensión entre “modernidad” y “tradicionalismo”, una que convirtiera a los comuneros en beneficiarios del proyecto y no en damnificados del “progreso”.

Al parecer, la pasta que permite congregar a grupos tan diversos como la “aristocracia obrera” del SME, el magisterio de Oaxaca y los indígenas de Cherán lastimados por la violencia de los talamontes, es la suma de agravios.

No debiera sorprende la radicalización del movimiento porque, en el terreno estrictamente electoral, aunque hay importantes avances, persisten múltiples irregularidades, entre ellas: el rebase a los “topes” de gastos de campaña; el ingreso a las campañas de dinero “negro”; los altos y poco creíbles niveles de participación en las zonas rurales; la inducción del voto de sectores empobrecidos a través de despensas, materiales para construcción, efectivo y otras “dádivas”. Aunque, también, es evidente que todos los partidos incurren en esas prácticas; unos más que otros, ciertamente, según sus recursos y sus capacidades de operación.

Además, lo que está ocurriendo responde a la lógica del asambleísmo: la prevalencia de los duros y los estridentes, que tienen larga experiencia en el manejo de aglomeraciones; en ese propósito —el control del movimiento— tampoco sorprende la declaración de “apartidismo”, una simulación para reducir el rechazo de la opinión pública.

Por lo pronto, ya existe un plan de acción que deberá ser sometido a las distintas organizaciones: “marcha nacional” el 22 de julio; “cerco” a las instalaciones de Televisa el 27 de julio; “cerco” al recinto legislativo el primero de diciembre, fecha en que deberá rendir protesta el próximo presidente de la República; dos “jornadas nacionales de lucha” el primero y el 6 de septiembre y, cinco días después, convocatoria al “bloqueo” de carreteras y casetas de cobro, además de protestas locales y actos culturales en plazas públicas…

No parece haber, sin embargo, motivos para la preocupación o para la reedición de las protestas de 2006, salvo por un riesgo: que frente a las provocaciones de algunos activistas, haya una respuesta excesiva de la policía. ¿Un riesgo calculado por los dirigentes? ¿El precio a pagar por el maximalismo?

Cuestión de números

Rafael Cardona (@cardonarafael)
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

Muchas son las cosas agrupadas en conjunto.

Los Tres Reyes Magos o las Mil y una Noches. Diez fueron las plagas de Egipto y siete los pecados capitales. Diez los días para conmover al mundo con la Revolución Bolchevique; siete los mares del mundo y cien por diez las curvas carreteras de Mil Cumbres.

Cuatro son los jinetes del Apocalipsis y también una cuarteta los libros de Lawrence Durrell con los ensueños de Alejandría. Dos pares de aurigas en la cuadriga; uno en la biga. Los esqueletos, dice Ramón, crujen en parejas.

En Cuatro Ciénegas nació Venustiano Carranza y siete son los colores del arco iris. Veinte los famosos poemas de amor de Pablo Neruda y una sola su canción desesperada. Siete los sabios atenienses y otros tantos los de México.

Pero en los conjuntos para la vida política reciente, el Partido Revolucionario Institucional nos ha obsequiado una nueva media docena: “Las seis mentiras de López Obrador”. Al menos así las ha llamado Pedro Joaquín, el presidente del PRI.

Ahora veremos cuáles son, así alguien diga, “…se me hacen pocas”.

“Primera Mentira: Supuesto Rebase del Tope de Gastos de Campaña. Desde el inicio de la campaña, la Coalición Compromiso por México solicitó la auditoría anticipada de sus gastos. Fuimos los únicos que así lo hicimos. Las autoridades competentes cuentan y seguirán contando con toda la información que confirma que no se rebasaron los topes de campaña.

“Segunda Mentira: Supuesta Inequidad en Medios Electrónicos. Todos los candidatos tuvieron abundante acceso a los medios de comunicación, y lo siguen teniendo ahora.

“La reforma electoral de 2007-2008 reguló estrictamente el acceso equitativo a los medios electrónicos. Además, el monitoreo realizado por la UNAM demuestra que hubo equidad en la cobertura.

“En todo caso, al candidato presidencial perdedor le molesta la diversidad de los medios; quisiera que todos estuvieran exclusivamente a su servicio. Ya vimos que si lo apoyan son medios “progresistas”, pero si lo critican son “colonizantes”. Es insultante para los mexicanos argumentar que los medios tienen el poder para imponerle un candidato a los votantes.

“Tercera Mentira: Supuesta Manipulación de Encuestas.

“El Movimiento Progresista denunció el supuesto uso de las encuestas para manipular a la opinión pública. Sin embargo, todas ellas previeron el orden final de los candidatos, así como el crecimiento que el Movimiento Progresista tuvo a lo largo de la campaña para quedar en segundo lugar. Las empresas encuestadoras han ofrecido explicaciones técnicas sobre la diferencia de sus diagnósticos con respecto a los resultados finales. Es impensable que todas ellas se hubieran prestado a la manipulación.

“Cuarta Mentira: Supuesta Compra y Coacción de Voto. López Obrador se ha obstinado en reclamar la compra de 5 millones de votos, una cifra acomodada al tamaño de sus necesidades.

“Esta acusación es falsa y cae por sí sola. Equivale al absurdo de que uno de cada diez votos hubiera sido comprado. Habría millones de testigos, cuando lo único que hay son 50 millones de electores que ejercieron sus derechos políticos con dignidad.

“Contrario a lo que López Obrador afirma, en las últimas dos décadas se ha fortalecido el marco institucional para limitar las prácticas antidemocráticas y así preservar la autenticidad y libertad del voto.

“Acusaciones como las que implican al Grupo Soriana son falsas. Sus propios directivos han aclarado que las tarjetas presentadas forman, en realidad, parte de un programa de puntos y descuentos, vigente desde 2010, para los trabajadores a los que no se les puede depositar dinero.

“No sólo eso, el propio directivo recordó que durante la administración de López Obrador, Soriana emitió tarjetas donde los adultos de la tercera edad recibían depósitos de las pensiones que otorgaba el Gobierno del Distrito Federal.

“Quinta Mentira: Supuesta Intervención de Gobernadores. La denuncia afirma también, que los gobernadores priistas fueron claves en la compra de voto. Esto es falso. Si así fuera, ¿cómo explicar que el PRI no ganó en Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, estados gobernados por militantes de nuestro partido? ¿Cómo explicar también que Enrique Peña Nieto ganara en la mitad de los estados gobernados por miembros de otros partidos políticos?

“Argumentar que el Estado de México supuestamente tenía una cuota de 2 millones 900 mil votos, es tan falso e insultante para los mexiquenses como sería para los capitalinos decir que el jefe de Gobierno del DF cumplió con una cuota de 2 millones 569 mil sufragios para el candidato de la izquierda.

“Sexta Mentira: Supuestas Estructuras Paralelas de Financiamiento. En el caso particular de Monex, los propios directivos de la empresa han negado categóricamente la existencia de esquemas de financiamiento paralelos que lo relacionen con los partidos políticos, asimismo, le ha presentado a las autoridades competentes la documentación que lo demuestra”.

Tras esta enumeración, lo cual no es sino un recurso defensivo, notable y estructurado en todo caso, el PRI nos regala un componente adicional. En él se sostiene —a futuro— toda su argumentación. Y debo decir, es la parte más débil de todo el largo parlamento de Pedro Joaquín Coldwell:

“…hacemos un llamado a todos los actores políticos a que nos sometamos al imperio de la Ley y a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Pues lamento decirlo, de veras lo lamento, pero el Movimiento Progresista no se va a allanar a la resolución del Tribunal. Ahí va a empezar, como dicen los rusos, el verdadero desmadre, tovarich.

LEGORRETA

Un adiós muy sentido para el arquitecto Jorge Legorreta con quien hubo tantos momentos compartidos en torno de la historia y la vida del DF en los últimos veinte años. Descanse en paz.

El PRD tras las elecciones: ¿Segunda fuerza? ¿Pivote?

Blanca Heredia (@BlancaHerediaR)
bherediar@yahoo.com
La Razón

Muchos han escrito que, tras la elección del 1º de julio, el PRD se ha convertido en la 2ª fuerza política del país. Los éxitos de las izquierdas en las pasadas elecciones fueron muy importantes y el candidato de la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo, en efecto, el 2º lugar con el 31.52% de los votos, de acuerdo al cómputo del IFE. De ahí a concluir que el PRD o, incluso, el conjunto de las izquierdas, constituyen la segunda fuerza política, hay un gran trecho. Veamos.

Según las proyecciones disponibles a partir de los cómputos distritales, el PRD, por sí solo, obtendría solamente 101 escaños en la Cámara de Diputados y 22 en la Cámara de Senadores. Esos números ubicarían al PRD por debajo del PRI y del PAN, es decir: en tercer lugar en ambas Cámaras. Sólo si sumamos los diputados que, previsiblemente, habrán de obtener el PRD, el PT y el MC, puede hablarse de las izquierdas como segunda fuerza. Ello, sin embargo, únicamente en la Cámara de Diputados, pues en el Senado, esos tres partidos, ni aún sumando sus escaños (28), lograrían rebasar el número de senadores que obtendrían el PRI (52, por sí solo) y el PAN (38). Si miramos la distribución de Gubernaturas después de las elecciones, lo del PRD como segunda fuerza tampoco queda muy claro. El PRI domina con 21 gobernadores, el PAN tiene 4, el PRD 4 y, juntos PAN y PRD, 3. ¿Segunda fuerza? Sí, aunque muy lejos del PRI y empatada con el PAN.

La aritmética simple de las últimas elecciones indica que es el PAN el que queda como segunda fuerza. El PRD queda, a pesar de su votación histórica, en una posición bastante desventajosa. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, ni siquiera aliándose PRD-PT-MC con el PAN, lograrían, con 250 diputados, la mayoría absoluta. Tampoco podrían PRD-PT-MC bloquear reformas que requiriesen una mayoría simple impulsadas por el PRI, ya sea en alianza con el PAN, con el Verde y el Panal, o con los tres.

El único espacio en el que el PRD mantiene capacidad de veto y podría también fungir como pivote es en materia de reforma constitucional. Ahí no le alcanzarían al PRI todos sus diputados, sumados con los del Verde, el Panal y el PAN (364), para obtener la mayoría de dos tercios. En cambio, si PRI-Verde-PANAL colaboraran con PRD-PT-MC (376) ello sí generaría la mayoría requerida. No es poca cosa, pero parece ser el único recurso real a partir del cual el PRD podría impulsar una agenda legislativa viable.

Pero todo esto es aritmética muy simple y engañosa, pues supone, entre otros, que todas las alianzas son iguales y que los partidos actuarían en bloque. Si asumimos supuestos más realistas, queda claro que el PRD no la tendrá nada fácil en los próximos 6 años. Con tanta fragmentación interna y con adversarios con más posibilidades de coaligarse, hará falta mucha inteligencia e imaginación para traducir lo ganado en las últimas elecciones en trabajo legislativo importante y en capital político para la próxima elección presidencial.