agosto 28, 2012

Amago electoral

José Antonio Crespo
cres5501@hotmail.com
Profesor del CIDE
El Universal

No siempre es nítida la línea que separa la advertencia de la amenaza. La advertencia se hace a propósito de inevitables relaciones causales, naturales o sociales, como cuando un médico sugiere a su paciente no fumar. Una amenaza implica que quien la hace puede provocar los efectos negativos de una determinada conducta, como cuando una madre prohíbe a su hijo comerse el pastel de la fiesta, so pena de darle una paliza. Lo dicho por Jesús Zambrano en el sentido de que un fallo inadecuado del Trife podría provocar desórdenes sociales, ¿es advertencia o amenaza? Él lo toma como advertencia, pues ha dicho que su partido no controla a los grupos que están en las calles exigiendo la invalidación de la elección presidencial. Pero advierte que hay descontento social, no sólo porque se rechaza la presunta imposición de Enrique Peña Nieto por parte de la “mafia del poder”, sino por el “entorno sociopolítico, económico que existe en nuestro país, en donde para nosotros está claro que se han agotado todos los esquemas de desarrollo” (21/ago/12).

Desde luego las cosas no están de lo mejor, pero, ¿debe eso tomarse en cuenta para validar la elección en lugar de las condiciones electorales, y la sustancia y cantidad de las pruebas presentadas como impugnación? Pero lo que se plantea como advertencia podría ser en realidad una amenaza velada, pues desde luego que existen vínculos e intermediarios entre lo que queda de #YoSoy132 y las organizaciones que se subieron al movimiento estudiantil y la Coalición de Izquierda. Pareciera, por otra parte, que Zambrano representa al ala del PRD que en principio contempla la posibilidad de acatar el fallo del Trife y reconocer sus resultados, pero no podrían hacerlo políticamente si está hecho “sobre las rodillas”, si no está bien fundado y realizado con la exhaustividad que los tiempos legales hayan permitido. Serían tildados de inmediato de traidores (aunque de cualquier forma no serán bajados de eso, como ya empieza a verse en la prensa obradorista, esté debidamente fundado el fallo del Tribunal o no). Y por ello, señala Zambrano que valorarán la sentencia antes de decidir qué hacer, si acatarlo o no (políticamente es una opción; jurídicamente, no).

Por su parte, Alberto Anaya, del bloque obradorista, complementó la “advertencia”, pero claramente condicionada, no a que el Tribunal funde satisfactoriamente su decisión tras haber revisado exhaustivamente las pruebas, sino a invalidar el proceso. Ahí no hay medias tintas: o se invalida la elección o se llegará a “a una situación de Estado fallido”. Igualmente, sugiere que el Tribunal debiera valorar condiciones que van más allá de la normatividad electoral, como la inseguridad, la descomposición social, el desempleo, la falta de oportunidades a los jóvenes. Es decir, se parte de la premisa de que con el PRI todo ello se va a agravar. Bueno, puede ser, pero quienes no votaron por López Obrador probablemente creen que eso mismo —y cosas peores— ocurriría de ganar el PRD. Igualmente, advierte Anaya que, de validarse la elección, habrá una restauración autoritaria con el modelo del viejo PRI. Eso piensan muchos de quienes no sufragaron por ese partido, pero muchos otros piensan que el PRD representa a un PRI aún más añejo y que su carácter no es precisamente democrático. Es como si, habiendo ganado López Obrador, el PAN pidiera la anulación del proceso porque de avalarlo sobrevendría un “peligro para México”, una “dictadura chavista”, un “modelo populista” que provocaría la quiebra del país. ¿Tendría el Tribunal que considerar tales argumentos para calificar la elección? Cada elector puede tener las creencias, prejuicios, fobias y rencores que quiera, y votar en consecuencia. Pero esos no pueden ser criterios para calificar una elección. La izquierda que exige imparcialidad con esos argumentos en realidad pide parcialidad en su favor.

Finalmente, la izquierda se presenta como defensora del artículo 41 constitucional al pedir la anulación, pero la propia Carta Magna estipula en su artículo 99 que el fallo del Tribunal es inatacable, se valore como se valore. Y el artículo 9 prohíbe la intimidación y la amenaza a las autoridades encargadas de decidir algún litigio, como es el caso ahora del Tribunal. Pero bien sabemos que nuestros partidos suelen defender aquellos artículos de la Constitución que les convienen (mientras les convengan), pero pasan por alto lo que les perjudica o estorba.

Salvemos a los niños de esos locos (y una recomendación)

Carlos Puig (@puigcarlos)
masalla@gmail.com
Duda razonable
Milenio

No tengo claro por qué, pero tengo claro que es a partir de los 18 años que nuestras leyes reconocen que una persona es un adulto.

Es decir: que es responsable de sus actos y que no requiere la tutela de nadie.

Así que si los mayores de 18 años que tienen la desgracia de haber nacido en Turicato, Michoacán, y de haber sido engañados con el cuento de que una virgen se le apareció a una tal Gabina que se lo contó a un tal Nabor y que le dio instrucciones precisas sobre cómo deben comportarse los seres humanos para que un supuesto Mesías los trate bien cuando venga a la tierra, pues allá ellos.

Si creen que la televisión, el futbol o los libros —todos excepto la Biblia, por supuesto— son cosa del Diablo, pues que con su pan se lo coman. Si quieren someterse a la tiranía de un viejito necio que se dice profeta de quién sabe qué historias, pues muy su rollo.

Hay entre nosotros, acá en la ciudad, quienes no usan anticonceptivos porque así se los manda su guía espiritual y los que piensan que el sexo, sin la bendición en un templo, es receta para después de la muerte sufrir toda la eternidad. Es más: hay quienes actúan toda su vida y todo el tiempo de acuerdo con lo que creen que les será más conveniente en la supuesta vida después de la muerte. Porque sí, hay aquellos que creen que hay vida después de la muerte. No hay problema. Cada quien sus cosas.

Es más, el Estado debe proteger la libertad de cada uno de ellos para creer y profesar lo que se les pegue la gana, mientras no pongan en peligro su vida o afecte a los demás.

Lo que es imperdonable es que el Estado haya permitido por décadas que en una comunidad no se instalara una escuela pública —a cambio de votos, dicen. Y que ahora, a pocos años de instalada, un loco de estos la intente destrozar y ahora impida que los menores de edad estudien.

Sí es responsabilidad del Estado proteger de los locos a los menores de edad de todo el país, incluidos los que viven en lo que con asombrosa y ridícula normalidad llamamos Nueva Jerusalén y que han sido abusados por sus padres y paisanos.

El Estado ha abdicado de su responsabilidad fundamental. No hay otra manera de llamarlo.

Por años les han quitado el derecho a una educación como a la que tienen acceso el resto de los mexicanos. No solo eso, la “doctrina” de los locos esos implica castigos corporales por ciertos comportamientos, la obediencia absoluta de las mujeres, el rezo obligatorio y cotidiano a horas determinadas, en fin. No hay que olvidar que un convicto de violación de un menor fue líder de la secta por algún tiempo.

Entiendo la llamada al diálogo de, entre otras instituciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero no hay que olvidar que esos locos no dialogan. Por lo pronto habría que quitarles a los niños para protegerlos.

Una recomendación: corra al videoclub a sacar El evangelio de las maravillas. La lectura certera de Ripstein de la Nueva Jerusalén. Protagonizada por Katy Jurado y Paco Rabal, con una gran aparición de Rafael Inclán.