agosto 30, 2012

Nefanda pecatriz

Rafael Cardona (@cardonarafael)
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

De pronto nos hallamos con la novedad: Doña Morena y su amiga, la Lady Honestidad Valiente, fueron halladas en medio del jolgorio cabaretero; desgreñadas y en muy malas compañías; con las carteras repletas de billete mal habido, como si fueran Paris Hilton o cualquiera de esas rubias esplendorosas cuyas vidas de disipación y vicio llenan las páginas de tabloides y pasquines “del corazón”.

Dios mío, las vírgenes inmaculadas resultaron “teiboleras”.

Obviamente lo anterior es un atrevimiento alegórico inspirado por los hallazgos sobre métodos de corrupción política en la izquierda nacional, cuyo verbo encendido critica con insistencia machacona actos como éstos en los cuales hoy es sorprendida. Hoy son evidencias de la conducta pecadora de quien ha hecho de la honestidad valiente un lema, pero también un anatema. Un simple rollo mareador.

La información divulgada por el diario El Universal, en cuyas páginas —y las de otros medios— se conocieron también otros pecadillos, como las llamadas de reiterativo auxilio al banco Afirme para un fondeo de emergencia y “El charolazo” en casa de Luis Creel promovido por Luis Mandoki, el cineasta de cabecera del líder moral, nos coloca de nuevo frente a un hecho archisabido: la corrupción crónica del PRD sobre cuyas evidencias no tiene caso insistir demasiado: las conoce todo México con nombres y apellidos.

Lo llamativo ahora es la ingeniería financiera en la constitución de empresas afines a las supuestas asociaciones civiles no lucrativas, cuya finalidad, a la hora buena, fue el lucro para la operación política. Esto dice la información:

“Empresas creadas por personas de confianza de Andrés Manuel López Obrador fueron beneficiadas por el actual gobierno del Distrito Federal con contratos —vía adjudicación directa— por más de 110 millones de pesos.

“El éxito de esa red se basa en contratos del gobierno capitalino, delegaciones y partidos de izquierda. Sus socios son miembros de Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, y dan recursos al PRD.

“Las adjudicaciones a las empresas fueron detectadas por el subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de la Secretaría de Finanzas del GDF, que en sesiones de comité cuestionó —sin una respuesta clara— la decisión de la secretaría de Finanzas de asignar un contrato por 16 millones de pesos para servicios de consultoría.

“La empresa SAD Desarrollo y Transparencia, que ha recibido contratos con los montos más altos, tiene de socio fundador a Héctor Muñoz Ibarra, presidente de Austeridad Republicana, quien como director del Registro Público de la Propiedad del DF durante el gobierno de López Obrador, se coordinó con Romero Oropeza, entonces oficial mayor, para echar a andar un programa de digitalización de escrituras.

“El siguiente en integrarse a esa empresa fue Javier López Núñez, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales del GDF —con López Obrador— y representante de Romero Oropeza en los consejos de administración del Metro y en el Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción para el Financiamiento Público.

“En tanto, las empresas AFK y AAR han obtenido contratos de menores ganancias, con los que han simulado —según consta en contratos y actas en poder de El Universal— licitaciones por invitación en las que SAD resulta ganadora.

“AFK Comunicación Creativa fue creada por Maricela García, contadora de Honestidad Valiente, y AAR Consultores de Negocios por Eréndira Álvarez del Castillo Gallardo, Óscar Daniel Ramos Flores y Gustavo Álvarez, quienes aparecen en las listas de donatarios del PRD. En total, de 2007 a 2011, estas tres empresas han sido beneficiadas con contratos por 111 millones 749 mil 733 pesos”.

La investigación es mucho más amplia y frente los documentos publicados, o la síntesis de los mismos, la respuesta del PRD y del jefe de Gobierno del GDF ha sido la misma de siempre (de siempre y de todos, sean de cualquier partido): negarlo todo.

“Es un distractor político”, ha dicho Marcelo Ebrard, quien asocia la información a la cercanía del dictamen definitivo en la calificación electoral.

Éste es un recurso eterno. Cuando a René Bejarano lo pillaron con los bolsillos repletos de billetes en la obscena cobranza de fondos para fondeo electoral, su jefe político se exhibió como víctima de un complot. Pero los hechos son unos; el uso político de ellos es otra cosa. Y lo segundo no anula ni desaparece lo primero.

Es como cuando a un señor lo matan de un balazo en la calle para robarle el reloj. “Fue un robo”, podría decir un policía de segunda. Sí, pero también es un homicidio. Ya después vemos si el reloj valía o no valía, pero el cadáver ahí está.

En estos casos es lo mismo. Si los contratos tracaleros fueron exhibidos con oportunidad electoral o no, es otra cosa. La existencia de una red de financiamiento irregular es un hecho punible en sí mismo por la falsedad de las aparentes licitaciones y el privilegio a los amigos y el reparto de dinero público. Y en este caso, un hecho suficiente para exhibir la doble moral o la doble inmoralidad, mejor dicho.

MARINA

Aclara la Marina: el nauta de Tres Marías (¿será por la cercanía con los Charcos de Zempoala?) —señalado como chofer de los gabachos emboscados— no manejaba la camioneta-coladera.

Estaba ahí como “enlace y traductor, por lo que requería operar equipos de comunicación”.

“El capitán de la Armada de México no conducía el vehículo diplomático. Al momento de la agresión se encontraba en el asiento trasero pidiendo auxilio por su teléfono celular”.

De esta información se desprenden dos hechos fundamentales: no era chofer de los gringos y como operaba “equipos de comunicación”, hablaba por teléfono celular desde el asiento trasero. Elemental, mi querido Watson.

AMLO habla en privado de su futuro

Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret)
carlosloret@yahoo.com.mx
Historias de un reportero
El Universal

“Después de que falle el Tribunal, ya cada quien por su lado, ustedes por el suyo, yo por el mío, Jesús. Yo voy a ser sólo una referencia moral”, dijo Andrés Manuel López Obrador al dirigirse al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en una reunión privada de la cúpula de los partidos de izquierda y el movimiento que lo respaldó en la campaña presidencial.

Todos se quedaron asombrados. Pocas veces con tanta claridad el líder compartía su expectativa: espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique el triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales.

Y como nunca, López Obrador se sinceraba sobre su futuro: dejaría la vida partidista diaria en manos de Los Chuchos, su grupo rival dentro del PRD al que pertenece Zambrano, y él aparecería solamente en los momentos clave del eventual sexenio priísta como el gran opositor a Peña Nieto y sus pretendidas reformas energética, fiscal, laboral, etcétera.

“Ustedes son hombres de Estado”, le remató a Zambrano, “yo soy hombre de Nación”. La reunión terminó. Muchos salieron con la cabeza baja. Pero para otros fue oxígeno puro:

El plan de distanciamiento está delineado desde hace semanas por el grupo de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF, en alianza con Los Chuchos y la corriente que encabeza la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Forman parte del mismo conglomerado mandatarios estatales electos como Miguel Ángel Mancera, del DF, y Graco Ramírez, de Morelos, así como el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Su objetivo es separar la socialdemocracia de la izquierda populista. Diferenciarse de López Obrador y sus radicales. Sumar al PRD y al PT de su lado y dejar a Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) bajo control del dos veces candidato presidencial. Esta unión de moderados de la izquierda mexicana cuenta con 70 diputados federales y 11 senadores.

Fundar un Frente Amplio de Izquierda al estilo uruguayo, en el que todas las corrientes tengan algo así como “acciones” (estilo empresa) que les garanticen una cuota mínima de candidaturas equivalente a su fuerza político-electoral, con una dirigencia nacional rotativa a la que tienen derecho al menos durante una temporada. Y con esa estructura, plantarse frente al eventual gobierno de Enrique Peña Nieto, coincidiendo o no con las posturas públicas y movilizaciones anunciadas de López Obrador.

Ese es el plan. Poderlo llevar a cabo es algo distinto. López Obrador ha exhibido históricamente destreza para encarecer el precio de diferenciarse de él, desde la izquierda. Y quienes dentro del PRD no comparten sus métodos suelen replegarse ante los calificativos de timoratos y traidores que suele espetarles Andrés Manuel. Sin contar que ser un “referente moral” que encabezará la manifestación pública en temas tan políticamente sexys como Pemex o el IVA, construye una autopista al 2018 para López Obrador y sus movimientos afines.

Justicia y legalidad

Carlos Elizondo Mayer-Serra (@carloselizondom)
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

Días antes de la elección, los candidatos a la Presidencia firmaron un pacto de civilidad en el que, entre otros puntos, declaraban que respetarían las decisiones que emitiera en su momento el IFE y el Tribunal Electoral. En el 2012, los partidos políticos recibieron 5 mil 275 millones de pesos, de los cuales los de izquierda obtuvieron mil 390 millones. Al aceptar ese dinero uno supondría que el punto de partida fuese el respeto a la ley.

Poco importó esta firma. Nuevamente, López Obrador no ha reconocido su derrota. Aunque sostiene que actúa desde las instituciones, ha sido claro: "No vamos a aceptar ninguna argucia legaloide que permita que se viole la Constitución, (...) por eso los Magistrados del Tribunal tienen que pensarlo bien". Algunos dirigentes de izquierda han incluso amenazado que si la decisión no les es favorable podrá haber un "estallido social", como si este riesgo no tuviera que ver con organizaciones que los apoyan y a las que han usado en más de una ocasión.

Respetar las instituciones implica reconocer la decisión del Tribunal Electoral. No importa con qué argumentos éste justifique su decisión ni qué decida. Sin duda serán debatibles sus argumentos y consistencia interna, dado que una decisión legal no es ciencia exacta. Sin embargo, la ley es lo que dicen los ministros de la Suprema Corte, mientras que en materia electoral lo es lo que concluyen los magistrados.

Nunca he conocido un fiel seguidor de un equipo de futbol que piense que el árbitro se vendió a favor de su equipo. Enfrentar un árbitro vendido siempre le sucede a su equipo y toda derrota es una prueba de ello. Por eso la justicia de una sentencia no la puede determinar el afectado. Si su equipo gana, es a pesar del árbitro. Para que el partido se pueda jugar la decisión del árbitro es inapelable.

López Obrador como todo hincha apela todas las decisiones que no le gustan, cualquier gol de su adversario es producto de un árbitro vendido, de una canallada. La calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal no será la excepción. Tampoco es distinto a como operamos la mayoría de los mexicanos en muchos ámbitos, aunque de un político lo menos que se puede esperar es que acate la ley.

La autoridad en México siempre es disputable, desde el conductor que se da una vuelta prohibida en Reforma frente a un policía que le indica que no lo haga. Al final, el conductor se da la vuelta y no pasa nada. Lo mismo hace en general nuestra clase empresarial que litiga toda decisión de la autoridad, desde las fiscales hasta las regulatorias.

Hemos construido un sistema judicial lento y con infinitas instancias procesales que dejan todo conflicto abierto por años. En el caso electoral, siendo quizás el proceso de calificación más largo del mundo, casi dos meses después de la elección, tiene un fin por ley: el 31 de agosto. Si fuera como el resto de los asuntos jurídicos donde en México nunca terminan, no podría iniciar un nuevo gobierno.

La república amorosa fue, como ya se sospechaba, un ejercicio de relaciones públicas. El verdadero López Obrador sabe qué es justo y qué no. La ley no importa. Así hubiera sido como Presidente. A un Congreso que no hubiera aprobado una de sus leyes lo habría acusado de estar al servicio de no sé qué interés inconfesable y lo hubiera amenazado, quizás hasta con disolverlo. Cuando fue jefe de Gobierno del DF y no le gustó un código fiscal que iba a publicar la Asamblea Legislativa, amenazó con vetar el código si se aumentaba el 25 por ciento la tarifa de agua, tal como lo proponía la ALDF. Lo de menos para él es que no tuviera la facultad para hacerlo, para él era lo justo. También hubiera acusado de venderse o algo peor a la Suprema Corte si le hubiera frenado alguna decisión que le importara mucho.

Si bien las leyes son más legítimas cuando son percibidas como justas por amplios segmentos de la población, la legalidad no parte de que el derrotado crea que la sentencia fue justa. Cuando hay dudas sobre la justicia de una ley o de un proceso judicial terminado, el expediente que queda es nuevamente discutir y modificar la ley electoral, a costa de no atender otras reformas que son mucho más urgentes, sobre todo las económicas. Esa nueva ley no servirá para gran cosa si el derrotado no respeta la legalidad. Siempre es más fácil denunciar la injusticia y el abuso, sin ver los abusos propios, que hacerse cargo de las razones detrás de la derrota.

Las pruebas de López

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

En las próximas horas, lo más probable es que el viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará la validez de la elección presidencial y Enrique Peña Nieto será designado Presidente electo. En realidad nadie cree en la anulación de los comicios como lo pide la coalición lopezobradorista, ni lo creen los dirigentes partidarios, los gobernadores emanados de esos partidos ni la mayoría de sus legisladores. No tiene bases legales la petición y lo saben los perredistas que, por el contrario, han visto cómo son exhibidos los mecanismos de financiamiento de Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto es que en ese contexto las impugnaciones presentadas por el lopezobradorismo son de risa. Según el código electoral, aprobado por todos los partidos desde 2007 (en una reforma impulsada básicamente por el PRD), las únicas causales para anular la elección sons que se anulen o no se instalen 25% de las casillas o que el candidato ganador sea inelegible. Ninguno de esos supuestos se ha dado. El Movimiento Progresista ha presentado un recurso de inconformidad que no está basado en argumentos legales: dice que hubo compra y coacción de votos, gasto excesivo en la campaña de Peña Nieto y parcialidad de los medios a favor de ese candidato. No tiene, en ninguno de los tres casos, forma de documentarlo.

Sobre la supuesta compra y coacción de votos aportó pruebas de la existencia de 9 mil 924 tarjetas de Monex, Soriana y de servicios telefónicos. No comprobó que las mismas se hayan utilizado para compra de votos o para cualquier otro fin (es literalmente imposible determinar que se “compró” un voto), pero en última instancia, si la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la elección presidencial supera los tres millones, poco más de nueve mil resultarían intrascendentes. Hay en el expediente una “prueba” fantástica: una fotografía de Peña Nieto con una camiseta del Santos de Torreón, lo que por la relación de uno de los dueños de Soriana con ese equipo demostraría, según la acusación perredista, esa complicidad. Sin rubor, el documento dice que gracias a esa foto “no es posible que se niegue la existencia de una relación contractual” entre la empresa y “el Partido de la Revolución Democrática” (en realidad quisieron decir el Partido Revolucionario Institucional, así de bien redactada y presentada está la acusación). No es una broma, está en la página 349 de la impugnación perredista.

Tampoco se ponen de acuerdo en cuánto es el gasto excesivo de campaña. En la página 27 dicen que Peña gastó 374 millones 920 mil 338 pesos con 21 centavos (así de exacta es la cifra). Pero en la página 29 hablan de 719 millones 500 mil 989; en la 30, de mi1 173 millones 486 mil 884, una cantidad que aumenta en la página 31 a mil 892 millones 987 mil 873 y que hacia la mitad de la impugnación crece geométricamente a cuatro mil 599 millones 947 mil 837 en la página 225 y disminuye a dos mil 294 millones 220 mil 941 en la 325. Más adelante se menciona que “desde el inicio de las campañas electorales hasta el mismo día 1 de julio de 2012… haciende (sic) a la cantidad de 4 mil 599 millones 947 mil 834”. Finalmente, en la página 429 se estipula que la suma gastada es de tres mil 95 millones 953 mil 918 pesos 71 centavos ¿sumando “beneficios ilícitos” de Monex, Soriana, gobierno de Zacatecas, Tarjetas Premium Platino? Allí, por cierto, confunden los supuestos ingresos con los supuestos egresos.

El tercer punto es la supuesta intervención de los medios a favor de Peña Nieto. No hay tampoco elementos: en la página 36 se dice, como prueba, que la Organización Editorial Mexicana que edita El Sol de México, entre otros periódicos, es “el diario de mayor importancia en México”, y dice que en él hay notas negativas sobre López Obrador y no sobre Peña. Y después presentan una conclusión contundente: “Las fotos que se publicaban del candidato lo muestran enojado y serio”.

Hay un argumento acerca de las televisoras también increíble. Mencionan que hay una relación directa entre la penetración de un candidato en la ciudadanía, con la preferencia del auditorio de televisión. Para fundamentar su argumentación declaran que el Canal 4 de televisión abierta, que pertenece a Televisa, tiene cobertura local en el DF, pero su influencia en el auditorio es muy baja, y que por eso ahí Peña Nieto tuvo un bajo nivel de votación y, por ende, López Obrador obtuvo mayor cantidad de sufragios. No es un invento: está en la página 211. Otra prueba irrefutable de la parcialidad de los medios, como se expone en las páginas 38 y 41 de la impugnación, es la cobertura que recibió la relación sentimental de Peña Nieto con Angélica Rivera.

Todo esto es muy poco serio. Menos aún que las gallinas y cabras expuestas en el Zócalo. Antes del fin de semana, el Tribunal declarará la legitimidad de la elección y tendremos que ponernos a trabajar seriamente, sin estas burlas, en el futuro del país.

Lo que dice Xalatlaco

Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin)
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Demasiadas preguntas sin contestar deja el incidente del tiroteo y persecución de una camioneta donde viajaban funcionarios estadunidenses no identificados, miembros de una agencia tampoco identificada, rumbo a un supuesto campo de tiro de la Marina, sito en Xalatlaco, Morelos, en una misión cuyos objetivos nadie ha explicado, aunque se asumen parte de una colaboración en seguridad de los dos gobiernos, colaboración de cuya realidad operativa la sociedad y la mayor parte del gobierno de México no saben lo que se dice un carajo.

No creo que los detalles de esa relación puedan hacerse públicos sin un escándalo mayúsculo para ambos gobiernos. No creo descubrir el hilo negro si digo que en esa relación el padrino instructor son las agencias estadunidenses y el ahijado aprendiz, las mexicanas.

No hay que inferir mucho de los hechos recientes para saber que en Washington y su embajada hay enorme desconfianza de las fuerzas de seguridad mexicanas y que han ido escogiendo a la Marina como el cuerpo más seguro.

Las agencias estadunidenses que trabajan en territorio mexicano, cuyo número y reglas de operación ignoramos, son ya parte muy activa de la ruleta de la desconfianza que priva en las fuerzas de la seguridad pública de México.

Acaso no está mal que los distintos cuerpos de seguridad compitan y desconfíen entre sí, que las policías municipales desconfíen de las estatales, éstas de las federales, la federales del Ejército, éste de la Marina, y ambos de las policías federales, estatales y municipales.

No sé cómo pueda arreglarse todo esto. Quizá con la misma asesoría estadunidense, cuyas agencias de seguridad son un conocido modelo mundial de colaboración y armonía. Sé que Washington no toleraría una ignorancia pública similar sobre agencias mexicanas actuando en suelo estadunidense.

La opacidad de Xalatlaco es elocuente. Es el brote de un mundo sumergido que supuestamente nos defiende del crimen hasta que sus miembros aparecen convertidos en criminales, peleando entre sí.

Es la prueba, también, de una subordinación. Yo no estoy contra una colaboración estrecha de ambos gobiernos en seguridad. Pregunto solo de qué se trata, qué tamaño tiene, para qué sirve y a cambio de qué.