septiembre 05, 2012

La despedida

Mauricio Merino
Investigador del CIDE
El Universal

No es que el gobierno de Felipe Calderón carezca de méritos en absoluto. Los datos que ha presentado en el Sexto Informe de Gobierno nos hablan de un sexenio al que debe reconocerse el incremento de la infraestructura del país, un notable avance en la cobertura de la protección a la salud y la estabilidad financiera conseguida entre los procelosos mares de la crisis económica global. El texto del informe añade por supuesto muchas otras prendas, pero tengo para mí que son éstas tres las que habrían de merecer, sin mezquindades ni sesgos partidarios, el aplauso colectivo. El problema es que el recuento de los errores y de los costos derivados de las decisiones mal tomadas es mucho más largo y será el que, al final del día, prevalecerá inexorablemente en la memoria colectiva.

Si viviéramos en un país menos agitado, el gobierno que está por concluir podría dejar lecciones muy valiosas sobre el riesgo de confundir los diagnósticos bien hechos con el diseño y la implementación de buena parte de las políticas en curso. Y es que en términos generales, la selección de los problemas públicos que decidió enfrentar el presidente Calderón fue la correcta. ¿Quién podría negar que la seguridad pública, la generación de empleos y el desarrollo social no constituían los puntos principales de la agenda pública de México en el año 2006 o que, tras el estallido de la crisis económica global, no era indispensable proteger a las finanzas públicas de los efectos que traería la recesión mundial? Los diagnósticos planteados por Felipe Calderón en su Sexto Informe de Gobierno acertaron en lo fundamental, pero éstos no se correspondieron con las acciones emprendidas ni, mucho menos, con la oportunidad y el costo enorme que trajeron consigo durante su implementación.

Apenas si es necesario insistir en que el mayor de todos ellos fue, de lejos, el de la vida, la seguridad y los derechos humanos de decenas de miles durante la guerra emprendida contra el crimen. La versión del Presidente es que al final del día se revirtió la tendencia que debilitaba al Estado mientras se fortalecía a los criminales y que hoy contamos con instituciones jurídicas y fuerzas de seguridad mucho más sólidas que antes. Pero lo cierto es que el gobierno mantuvo hasta el final una política cuyos resultados siguen siendo inaceptables y cuya implementación —todavía fallida en puntos tan notables como la depuración de las fuerzas de seguridad y la recuperación cabal de los territorios conquistados por el crimen— trajo costos políticos y humanos gigantescos. La estrategia seguida y la renuencia del gobierno a incorporar la verdadera colaboración de la sociedad en la recuperación de su seguridad han sido y serán, sin duda, el talón de Aquiles del sexenio y pesarán inevitablemente en el juicio del sexenio.

De otro lado, es verdad que el gobierno de Felipe Calderón tuvo éxitos notables en la construcción de infraestructura y en la cobertura universal de salud y educación básica. El acceso a esos bienes colectivos mitigó en parte el deterioro del ingreso familiar —como lo ha documentado Coneval— pero no contuvo el deterioro del ingreso ni impidió que la desigualdad social se incrementara. Con la mirada puesta en la estabilidad de las finanzas, el Presidente consiguió evitar que el sexenio terminara en otra crisis recurrente, pero no logró que el conjunto de la sociedad llegara, como decía su eslogan, a vivir mejor. La lucha contra la pobreza y la desigualdad se volvió a perder en el sexenio que termina.

Y aunque el conjunto de medidas que ha tomado hacia el final del recorrido reivindican en parte el compromiso que debió asumir desde un principio en favor de la transparencia, la gestión pública abierta y la rendición de cuentas, es innegable que el gobierno federal vio esos temas con desdén durante mucho tiempo, y que no ha sido sino hasta el final cuando los ha incorporado al lugar que merecían desde un principio en la agenda gubernamental: cuando ya resulta demasiado tarde y cuando los nuevos mandos del país cargan consigo sus propias iniciativas sobre el tema.

Marcado por el conflicto político desde que llegó a la Presidencia, Felipe Calderón pagó los costos de su propia obstinación con la derrota electoral del 2012 y la vuelta del PRI. Y aunque sería injusto e impreciso decir que fue un sexenio inútil, es también inevitable registrar que la inseguridad, la ausencia de justicia, la desigualdad y la corrupción siguen siendo —objetivamente hablando— los problemas más graves del país y los que integran, con mucho, la más larga lista de tareas pendientes para el próximo gobierno. Nada comenzará de cero pues en efecto algo se ha avanzado, pero el esfuerzo que el país requiere para salir de esos pantanos es todavía monumental.

Puebla: pena ajena…

Enrique Aranda
De naturaleza política
Excélsior

Esta historia, que de no ser tan vergonzosa y dramática, movería a la risa o a la indignación y al llanto, merece ser contada.

Como si le hicieran falta problemas, la dirigencia de Acción Nacional debió sumar ya, a su agenda actualizada de riesgos, la inminente división de su militancia en Puebla, como resultado de la supuesta pretensión, no desmentida hasta ahora, de Rafael Moreno Valle, de normar la vida interna de Acción Nacional… particularmente en lo que refiere a la definición de los tiempos de elección y a la selección de las personas que, en su opinión, debieran encabezarlo.

Sucede que, presuntamente indignado ante la posibilidad de que el blanquiazul ampliara, el lunes, el periodo de (su opositor) Juan Carlos Mondragón al frente del estatal, con miras a que fuera él quien encabezara la elección de candidatos a alcaldes para 2013, el elbista gobernador habría implementado, e impulsado, un desaseado “albazo legislativo” que, en escasas cuatro horas, no sólo introdujo cambios al Código Electoral que contravienen la letra y el espíritu de la Constitución estatal sino que, de paso, le confrontó con el Comité Nacional que, de no ocurrir nada que lo impida, promoverá una acción de inconstitucionalidad contra tales reformas e, indirectamente si se quiere, contra quien ya algunos presentan como “la mejor carta del panismo para 2018”.

Esta historia, que de no ser tan vergonzosa y dramática (para los diputados involucrados, claro), movería a la risa o a la indignación y al llanto, merece ser contada.

No bien amaneció el lunes en que el CEN adoptaría la decisión referida, cuando al filo de las 8:30, sin el concurso de su presidente, el diputado panista Juan Carlos Espina, la Comisión de Gobierno del Congreso se reunió para recibir, evaluar y aprobar, una iniciativa de reformas al Código Estatal de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla que, ahí mismo, había presentado el también panista Antonio Vázquez Hernández, afín al gobernador para, inmediatamente después, y aun cuando el Legislativo se encuentra en receso, convocar a una sesión extraordinaria del Pleno —36 diputados— que, antes de las 12:30, había aprobado los cambios para atrasar el inicio del proceso electoral local de noviembre próximo a febrero…¡aun cuando la Constitución refiere que ello debe ocurrir en el onceavo mes!

En conocimiento de lo que ocurría a nivel legislativo en la vecina entidad, entonces, la tarde del mismo lunes, la cúpula panista —presionada al extremo por personajes tales como Ernesto Cordero Arroyo, Luis Alberto Villarreal y, sobre todo, por el ya desplazado Juan ABC Molinar Horcasitas— debió posponer la decisión de prorrogar el periodo de gestión de su presidente estatal y, a la vez, dar forma a una comisión tripartita que, con participación de todos los actores, deberá evitar una fractura adicional al interior del (aún hoy) partido del gobierno.

Lo dicho: como si les hicieran falta problemas…

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.

La desobediencia civil vista por los militares

Javier Ibarrola (@xibarrola)
Fuerzas armadas
Milenio
www.fuerzas-armadas.com

Hace seis años, Andrés Manuel López Obrador se reveló contra las instituciones y llamó a la desobediencia civil, lo que se tradujo en cerrar el Zócalo y una buena aparte de la Ciudad de México.

Hoy pretende actuar de la misma forma y convocó para el próximo día 9 a una concentración, que espera masiva, en el Zócalo, para exponer sus nuevas estrategias sobre desobediencia civil.

Analistas militares, la mayoría representando al Comité de Análisis y Opinión de Militares y Marinos Retirados (Caomir) que encabeza el general Carmelo Terán, consideran que tras una mirada a los componentes del Estado mexicano, territorio, pueblo y gobierno, después de las elecciones del pasado mes de julio, el pueblo ha sufrido uno de los más intensos bombardeos o ametrallamientos propagandísticos de su historia; todos los partidos políticos, grupos de interés y de presión, utilizaron los medios abiertos y subliminales a su alcance para influir en las opiniones, emociones y actitudes de ese pueblo, en beneficio de su causa con motivo particularmente del relevo de la Presidencia de la República y del Poder Legislativo.

El gobierno del presidente Calderón, de extracción panista, abrumado por los grandes problemas naturales del país y por los enormes problemas que por su propia incompetencia o incapacidad surgieron durante el sexenio, no supo o no pudo influir en la permanencia de su propio partido al frente del nuevo gobierno que iniciará el primero de diciembre.

En lo que se refiere a la entrega del Poder Ejecutivo a la oposición, ya se tiene la experiencia de hace doce años cuando el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León pasó a la historia como el presidente que no supo retener la Presidencia de la República para su partido y se la pasó al Partido Acción Nacional; ahora el presidente Calderón, por las mismas razones que Zedillo, pasará a la historia como quien le devolvió el poder al Partido Revolucionario Institucional; hasta aquí parece que se cumple el viejo sueño estadunidense de crear en México un sistema bipartidista de gobierno.

Se dice que nunca segundas partes fueron buenas, y aquí el PRI tiene la obligación de demostrar que, en su caso, realmente conocen su pasado y por ello están obligados a no repetirlo, sobre todo porque ahora sí existe una oposición de izquierda que representa una fuerza real, que la encabeza un líder social, un líder con defectos y virtudes, pero que no se puede soslayar porque representa más millones de mexicanos, de los que votaron por él en la reciente contienda.

Es precisamente ese líder, esa izquierda, quien no reconoce al Presidente electo y en franca oposición al sistema que llevó al triunfo a Enrique Peña Nieto se ha declarado en permanente desobediencia o resistencia civil, hasta ahora pacífica, considera que los magistrados violaron la Constitución y merecen juicio político y por lo tanto, como repuesta se lanzarán a una resistencia civil, su postura es oponerse, no ceder a las acciones del sistema que califican de corrupto, el domingo 9 darán a conocer las actividades a realizar, el momento político social poselectoral es más importante de lo que parece, hay un proceso de organización de la resistencia que no puede ser ignorado, el pueblo quedó saturado con las campañas mediáticas, por lo tanto, difícilmente pueden tener efectos positivos en contra de las medidas de desobediencia o resistencia civil que se pongan en práctica.

La posibilidad de la resistencia civil seguramente se centrarán en acciones civiles, pacíficas, en contra de las decisiones de la Presidencia de la República, del Partido Acción Nacional que queda transformado en un “partido bisagra” y en contra de las autoridades electorales que validaron los resultados de la contienda presidencial.

Lo que se temía ocurrió, el Tribunal Electoral validó desde el punto de vista legal las elecciones, pero le faltaron argumentos que pudieran legitimar el triunfo; ahora, ¿qué queda por hacer? Buscar y, sobre todo, encontrar las medidas menos costosas que permitan la buena marcha del país, dar pasos en serio, reales, transparentes, que conduzcan a la recuperación de las políticas sociales, económicas y militares mediante acuerdos entre los verdaderos líderes de los componentes pueblo y gobierno del propio Estado mexicano, de otra manera tendremos otro sexenio perdido para el país.

La presencia de las fuerzas armadas en los últimos días en los medios informativos con noticias negativas, ha disminuido lo que se interpreta como una consecuencia de la disminución también de la autopromoción de los generales que pretenden ocupar el cargo de secretario de la Defensa Nacional; ojalá se mantenga esa cordura a pesar del designado presidente de la República, ya que actitudes contrarias al compañerismo y al espíritu de cuerpo que existe entre los militares, sirven a los opositores de las fuerzas armadas para tratar de desprestigiarlas, ya que representan las instituciones que gozan de la mayor confianza del pueblo de México.

Por otra parte, a propósito del desprestigio, circula información en el sentido de que los generales involucrados en el caso del general Ángeles Dahuajare, continúan en la misma situación, es decir, sin pruebas plenas, siguen siendo inocentes, de ser cierta esta información, ¿qué se gana o qué se pierde al ponerles el uniforme de la prisión y raparlos en forma similar a otros delincuentes comprobados?