enero 23, 2013

Con la honestidad no se juega

Mauricio Merino
Investigador del CIDE
El Universal

No fue una buena idea: si decidieron publicar el patrimonio del presidente Peña Nieto debieron hacerlo con la misma honestidad que quisieron presumir. En esta delicada materia no puede haber cálculos mediáticos ni medias tintas, porque el efecto de la ambigüedad es mucho peor. Desde Kant hasta nuestros días sabemos que quien dice la verdad a medias, en realidad oculta una injusticia. Así que, en todo caso, fue mucho más honesta la posición del procurador Murillo Karam quien, de plano, prefirió guardar total reserva sobre sus bienes personales que fingir apertura y transparencia.

Lo único que queda perfectamente claro tras la publicación de los bienes de nuestros gobernantes es que, para el presidente Peña Nieto, la lucha contra la deshonestidad es solamente instrumental: una herramienta para construir la imagen de apertura y buena fe que quiere proyectar, sin contenido sustantivo. No sólo porque el listado de los bienes publicados no sirve para comparar los ingresos que ha tenido con los bienes que ha adquirido, sino que tampoco servirá para medir el incremento de su patrimonio a lo largo del sexenio, como lo reclaman las convenciones internacionales que ha suscrito México para combatir la corrupción. Lo que sucedió fue una puesta en escena que impide cualquier comparación, que produce más dudas que certezas y que revela que la verdadera rendición de cuentas no está en las prioridades del sexenio.

Si quería proyectar una imagen impecable, lo que produjo fue una señal de desenfado: como si lo importante no fuera honrar la honestidad sino sólo parecer honesto. Una vieja actitud que forma parte de las peores tradiciones mexicanas y que, al reproducirse desde la Presidencia, otorga una suerte de licencia para todos los demás. Y más aún cuando, en la propia declaración de bienes presentada, se dice que el Presidente ha recibido “donaciones” personales que están expresamente prohibidas en las leyes de responsabilidades. Esa declaración debería bastar para iniciar una investigación a fondo sobre el origen de esas donaciones. Pero eso no sucederá, pues la tarea le correspondería a la moribunda Secretaría de la Función Pública que, además, depende del propio Presidente.

Que la verdadera rendición de cuentas no forma parte de las prioridades del gobierno no es, tampoco, ninguna novedad. Cuando era candidato, Enrique Peña Nieto se negó a reunirse con los integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas para discutir la agenda que ese grupo estaba proponiendo, incluso después de que su equipo de campaña conoció todos los detalles. Más tarde, para zanjar el tema lanzó la idea de la Comisión Anticorrupción e hizo suyas las propuestas que ya venían del sexenio anterior, con la ley de contabilidad gubernamental y el fortalecimiento del IFAI. Y al comenzar el periodo bajo su mandato recuperó el acuerdo de austeridad que ya habían usado otros gobiernos. Y nada más: un conjunto de propuestas para salvar el trance de la opinión pública, acaso, pero no para modificar las condiciones que han convertido a México en uno de los campeones mundiales de la corrupción.

Al formar sus gabinetes temáticos, la lucha contra la corrupción quedó al margen, mientras que en el Pacto por México el tema se ganó un acápite especial, pero sus contenidos solamente llenan una página, en la que se repiten las fórmulas ya diseñadas para taparle el ojo al macho. ¿Para qué preocuparse más de esos asuntos, si algún día habrá una Comisión Nacional Anticorrupción con bonitos edificios y abundantes presupuestos que se ocupará de responder todas las preguntas que hoy resultan francamente incómodas?

Entretanto, todo parece indicar que la corrupción seguirá siendo el aceite para los engranes del sistema. Pero mientras eso siga sucediendo, habrá que hacer notar al Presidente que, al menos en este territorio, nadie puede engañar con la verdad. Con la honestidad simplemente no se juega.

El fatalismo

Sergio Aguayo Quezada (@sergioaguayo)
Reforma

El debate sobre las armas en Estados Unidos es un buen indicador del estado que guarda el fatalismo mexicano.

Una parte de México sigue atrapada en tesis expuestas por Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Según el poeta arrastramos un "sentimiento de inferioridad" del cual se desprende la resignación y el silencio ante la injusta realidad. Sostengo que tras esas actitudes están las consecuencias de ser vecino de un país expansionista y agresivo. La derrota militar en 1847 y la pérdida de la mitad de nuestro territorio acentuó la depresión mexicana y nos arrastró al aislamiento frente al mundo: dejamos de estudiar sistemáticamente al vecino del norte desde aquel año hasta principios de los setenta del siglo XX.

Ese fatalismo aparece en el debate que se libra en Estados Unidos sobre las armas. Ni Barack Obama ni sus opositores de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) mencionan al nocivo contrabando de armas a México. Nos ignoran. Los muertos con balas estadounidenses no existen. Conocen lo que sucede pero evaden la verdad incómoda. La negación les sale barata por la pasividad de quienes gobiernan a México: cuando se trata de Estados Unidos la mayoría prefiere el silencio.

En un incisivo ensayo César Cansino (El excepcionalismo mexicano. Entre el estoicismo y la esperanza, Océano, 2012) argumenta que al menos una parte de la sociedad mexicana ya maduró en términos políticos y culturales y se salió del laberinto de la soledad. Comparto esa interpretación y creo que ya existen sectores dispuestos a abjurar del fatalismo que paraliza frente a Estados Unidos. En otras palabras, considero posible, deseable y urgente influir en el debate sobre las armas que se libra en Estados Unidos para lograr que la tragedia humanitaria alimentada por sus armas sea uno de los términos de referencia.

Ya está sucediendo. Cada vez se reconoce más que hay un nexo directo entre la violencia y el abastecimiento de armas desde Estados Unidos. Está aceptándose el absurdo de sólo atender a víctimas, combatir a los cárteles o encarcelar capos; tienen que frenarse simultáneamente las rutas de suministro de los llamados "cuernos de chivo", las barrets calibre 50 o las pistolas "matapolicías".

Para modificar los términos del debate tiene que mejorar la calidad del conocimiento. Las investigaciones pioneras de Georgina Sánchez o Magda Coss, por ejemplo, tienen que ampliarse para confirmar las correlaciones entre acontecimientos en el otro lado y el incremento en las muertes mexicanas. Hay evidencia de que la liberalización en la venta de armas de asalto en Estados Unidos aumentó la potencia de fuego del crimen organizado e incrementó el número de muertes en nuestro país.

El conocimiento debe mexicanizarse. Buena parte de la investigación sobre el tema se hace en Estados Unidos; los principales hallazgos sobre "Rápido y Furioso", un contrabando de armas auspiciado por el gobierno estadounidense, se dan por trabajos hechos en aquel país. Tenemos que fortalecer un conocimiento mexicano orientado a incidir más en el país vecino. La historia es clara: Washington escucha a los que hablan fuerte y con evidencia. Una constatación de lo anterior es la excelente defensa jurídica hecha por el gobierno mexicano de los connacionales condenados a muerte y el trabajo cotidiano de protección que realizan nuestros consulados.

No podemos evadir nuestra responsabilidad. Cuando se dialoga con funcionarios estadounidenses sobre armas es frecuente que reaccionen señalando la responsabilidad mexicana y recordando la corrupción e ineficacia de nuestras aduanas. Tienen razón. Lo que sucede en nuestras garitas es una vergüenza que debería incorporarse a la agenda de seguridad nacional.

¿El gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá más determinación en este tema o se refugiará en la fatalista evasión? Un motivo de esperanza es el perfil del nuevo embajador en Washington, Eduardo Medina Mora. Cuando era procurador tenía muy claro el problema: en diciembre de 2008 sorprendió a una audiencia binacional poniendo sobre la mesa una Barret calibre 50 (un fusil de francotirador cuyas balas atraviesan el concreto) que había sido comprada en Texas e incautada en Matamoros. Ya nombrado embajador insistió en que el derecho de los estadounidenses a poseer armas no debe servir para "armar a grupos criminales extranjeros" (Zócalo, 17 de enero de 2013).

El ex embajador Arturo Sarukhán hizo lo que pudo por meter el contrabando de las armas en la discusión. No llegó muy lejos porque el gobierno anterior era bastante pusilánime frente a Washington. En esta ocasión puede ser diferente. La nueva administración se ve dispuesta a darle mayor prioridad a las víctimas y a la seguridad. Cualquier avance estará determinado, en el último de los casos, por la movilización de esa parte de la sociedad mexicana organizada que busca aliados en el país fronterizo porque ya se liberó del fatalismo frente a la potencia. Ya era hora.


Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Cassez y los vientos sexenales

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a abordar el caso de Florence Cassez. Hay pocas dudas de que Florence, efectivamente, participó en el grupo de secuestradores que encabezaba su pareja Israel Vallarta. No es verdad que no haya sido identificada por sus víctimas (todas la han identificado), no es verdad que no haya sido identificada por sus cómplices (cinco de ellos, por separado y en distintos momentos, lo hicieron, el único que no ha querido declarar al respecto es Israel Vallarta).

Esto es lo que escribió Cristina Ríos, una de sus víctimas, es el testimonio que sus defensores no quieren ni ver ni oír.

“Mi nombre es Cristina Ríos Valladares y fui víctima de un secuestro, junto con mi esposo Raúl (liberado a las horas siguientes para conseguir el rescate) y mi hijo de entonces 11 años de edad. Desde ese día nuestra vida cambió totalmente. Hoy padecemos un exilio forzado por el miedo y la inseguridad. Mi familia está rota. Es indescriptible lo que mi hijo y yo vivimos del 19 de octubre de 2005 al 9 de diciembre del mismo año. Fueron 52 días de cautiverio en el que fui víctima de abuso sexual y, los tres, de tortura sicológica. El 9 de diciembre fuimos liberados en un operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Acusados de nuestro secuestro fueron detenidos Israel Vallarta y Florence Cassez, esta última de origen francés, quien ahora se presenta como víctima de mi caso y no como cómplice del mismo. Desde nuestra liberación, mi familia y yo vivimos en el extranjero. No podemos regresar por miedo, pues el resto de la banda de secuestradores no ha sido detenida. Hasta nuestro refugio, pues no se puede llamar hogar a un lugar en el que hemos sido forzados (por la inseguridad) a vivir, nos llega la noticia de la sentencia de 96 años a la que ha sido merecedora Florence Cassez, la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi cautiverio, la misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviarla a mi esposo, junto a una oreja que le harían creer que pertenecía al niño.

“Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo (entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba) se desquitaría en mi persona.

“Florence narra el 'calvario' de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Ni mi familia ni yo tenemos ánimo ni fuerzas para hacer una campaña mediática, diplomática y política (como la que ella y su familia están realizando) para lograr que el gobierno francés y la prensa nacional e internacional escuchen la otra versión, es decir, la palabra de las víctimas de la banda a la que pertenece la señora Cassez. Pero no deja de estremecernos la idea de que Florence, una secuestradora y no sólo novia de un secuestrador (con el que vivía en el mismo rancho y durante el mismo tiempo en el que permanecimos mi hijo y yo en cautiverio) ahora aparezca como víctima y luche para que se modifique su sentencia. Si lo logra o no, ya no nos corresponde a nosotros, aunque no deja de lastimarnos.”

Quién sabe qué decidirá la Suprema Corte en estos días y si escuchará el testimonio de la señora Ríos. Los vientos sexenales han cambiado y en esa lógica quedaría bien, parece ser políticamente correcto, dejarla en libertad. Me parecería un verdadero insulto para sus víctimas. Más allá de ello, quizás lo que proceda será reponer el proceso, hacerle a Florence un nuevo juicio. La pregunta es qué pruebas y testimonios se aceptarán. Si resulta que los testimonios de las víctimas y de sus propios cómplices se descalifican, el juicio será un simple trámite burocrático previo a su liberación. Mejor ahorrarse el dinero y la farsa.

Hablando de testimonios. Si se confirma que la PGR acepta que los dichos de dos testigos protegidos, entre ellos Sergio Villareal El Grande, el ex operador de los Beltrán Leyva, no pudieron ser confirmados por la propia Procuraduría Federal en el caso de los generales detenidos, en particular el general Tomás Ángeles Dauahare, no habría razón alguna para que éstos permanecieran detenidos. Es más, no debería haber habido ni siquiera un proceso. Los testigos protegidos son útiles y pueden hacer un enorme aporte en la lucha contra el narcotráfico pero, como ocurre en otros países, todos sus principales dichos deberían confrontarse con pruebas documentales que verifiquen sus dichos. Por sí solos no pueden ser un elemento determinante en un proceso.

Más ciencia "chatarra"

Martín Bonfil Olivera (@martinbonfil65)
mbonfil@unam.mx
La ciencia por gusto
lacienciaporgusto.blogspot.com
Milenio

La ciencia debiera estar a salvo de charlatanes. Pero no: los estafadores han logrado penetrar hasta su sanctasanctórum: las revistas académicas especializadas, en las que los investigadores publican sus trabajos y que son parte central de la producción de conocimiento científico. El riguroso proceso de arbitraje de dichos artículos es el corazón del control de calidad de la ciencia.

Tradicionalmente las revistas especializadas reciben manuscritos y los envían a árbitros expertos, que pueden pedir correcciones o rechazarlos. Si satisfacen los requisitos de calidad, son publicados. El costo se paga mediante suscripciones, a veces muy caras.

Pero el surgimiento de internet bajó el número de suscripciones, y aumentó costo de las revistas. Por ello surgió el movimiento de acceso libre (open access), en el que no se requiere suscripción, pues están gratuitamente en internet. Y son los autores quienes pagan un alto costo por publicar en la revista.

Ya hemos comentado aquí que se ha denunciado la chatarrización de las revistas de acceso libre, pues este sistema las tienta a publicar el mayor número posible de artículos, en detrimento de la calidad.

Pero hay algo peor: la corrupción. Como la evaluación de los científicos depende de la cantidad de artículos que publiquen (el famoso “publicar o morir”), han surgido muchísimas revistas científicas falsas, que publican cualquier artículo (incluso plagios) sin someterlo a un arbitraje riguroso, con tal que el autor pague. Así, esas revistas ganan dinero, y el investigador simula estar publicando ante evaluadores y patrones, y justifica así su sueldo.

Un reportaje publicado en el sitio SciDev.net señala que estas falsas revistas proliferan en países como India, Pakistán o China, y utilizan prácticas desleales para engañar a investigadores en todo el mundo. Como señalan varios expertos, urge un esfuerzo internacional para combatir esa ciencia chatarra y proteger la calidad académica de las verdaderas revistas científicas.

De otro modo, esta crisis puede llevar a una pérdida general de la credibilidad de la ciencia. En una época donde escasean los apoyos y florecen las seudociencias y charlatanerías, esto es lo que menos necesitamos.